El pasado 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio nos recuerda la necesidad de seguir hablando de un problema de salud pública que durante mucho tiempo ha estado rodeado de silencio, prejuicios y estigmas. Sin embargo, prevenir también significa analizar lo que hay detrás de las cifras y el reconocer que las condiciones en las que viven las personas sí importan.

En México, durante 2024 se registraron 8,856 defunciones por suicidio en personas de 10 años y más, lo que equivale a una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025). Esto demuestra que se trata de una problemática que requiere atención continua y no solo en fechas conmemorativas. En este contexto, es fundamental visibilizar la realidad de las mujeres.

Los datos reflejan diferencias significativas respecto a los hombres. En 2024, la tasa de suicidio fue de 2.6 por cada 100 mil mujeres, frente a 11.2 entre los hombres. Sin embargo, destaca que el grupo más afectado entre las mujeres fue el de jóvenes 15 a 29 años, con 5.1 por cada 100 mil, en comparación con el 3.1 registrado en el grupo de 30 a 44 años (INEGI, 2025).

Esto nos lleva a una pregunta necesaria: ¿estamos realmente poniendo atención en las condiciones que viven las mujeres cuando hablamos de prevención?

El suicidio es un fenómeno complejo y no puede explicarse a partir de una sola causa. La prevención requiere considerar factores personales, familiares, comunitarios y sociales. Desde una perspectiva de género, esto implica reconocer situaciones que pueden incrementar la vulnerabilidad de las mujeres, como la violencia, la desigualdad, la falta de autonomía, el aislamiento y las dificultades para acceder oportunamente a redes y servicios de apoyo.

Una de esas realidades que no podemos ignorar es la violencia. En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reportó que 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica alcanzó una prevalencia de 51.6 % y la sexual de 49.7 %.

Hablar de prevención implica, entonces, construir mecanismos capaces de identificar no solo una crisis emocional, sino además las circunstancias de violencia o vulnerabilidad que pueden estar presentes en la vida de una mujer.

A esto se suma otra desigualdad cotidiana que muchas veces permanece invisible: las responsabilidades domésticas y de cuidado. Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, las mujeres dedicaron en promedio 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario, mientras que los hombres destinaron 18.2 horas. Esto representa una diferencia de 21.5 horas cada semana.

Esto no significa que cuidar o realizar el trabajo doméstico provoque por sí mismo una conducta suicida; significa que las condiciones en las que mujeres y hombres desarrollan su vida cotidiana siguen siendo desiguales, y esas brechas deben considerarse al hablar de bienestar y salud mental.

A menudo se insiste en que la persona debe “pedir ayuda”, pero pocas veces nos preguntamos: ¿realmente tiene las condiciones para hacerlo? ¿tiene una red de apoyo? ¿puede hablar de lo que está viviendo sin miedo a ser juzgada?  ¿vive en un entorno libre de violencia? ¿sabe a dónde acudir? Prevenir no puede significar únicamente decirle a una persona que busque ayuda cuando se siente mal; implica construir las condiciones para que pueda hacerlo y, sobre todo, encontrar una respuesta efectiva.

Por ello, la prevención del suicidio debe ser una responsabilidad compartida. Necesitamos instituciones de salud capaces de identificar riesgos; escuelas y universidades donde hablar de salud mental no genere estigma; centros de trabajo que reconozcan la importancia del bienestar emocional; mecanismos efectivos para atender la violencia; comunidades que construyan redes, y familias donde escuchar y cuidar sean tareas asumidas por todos. También se necesita recuperar algo tan sencillo como preguntar a alguien «¿cómo estás?» y estar dispuestos a escuchar la respuesta.

Prevenir requiere políticas públicas enfocadas, atención profesional, información y servicios accesibles, pero también una sociedad en la que las personas se sientan seguras de expresar que algo no está bien, sabiendo que serán escuchadas y acompañadas, sin juicios ni estigmas.

Al hablar de mujeres, esta responsabilidad implica reconocer que no todas enfrentan los mismos riesgos ni viven las mismas circunstancias. Incorporar la perspectiva de género no busca una explicación única para el suicidio femenino, sino entender que la prevención debe considerar las variables sociales, económicas, familiares y de violencia que incrementan la vulnerabilidad.

Prevenir el suicidio empieza cuando escuchamos, atendemos la violencia, compartimos los cuidados, hacemos accesibles los servicios de salud mental y dejamos de normalizar que una persona deba "poder con todo". Prevenir no es responsabilidad sólo de quien atraviesa un momento difícil: es una tarea que nos involucra a todas y todos.