ZACATECAS, ZAC.- El diputado local Carlos Peña Badillo propuso reformar la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico, con el objetivo de establecer mecanismos claros y criterios transparentes para la protección del empleo formal y la preservación de unidades económicas en situación de vulnerabilidad.

Desde la tribuna del Congreso, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la LXV Legislatura señaló que la entidad enfrenta una desaceleración en la generación de empleo formal y una presión creciente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base productiva del estado. Explicó que la iniciativa contempla la exención de un impuesto estatal para personas físicas, morales o unidades económicas cuya plantilla laboral esté integrada al menos en 10 por ciento por jóvenes de entre 18 y 29 años.

Indicó que este incentivo busca fomentar la inclusión laboral juvenil en un contexto en el que este sector enfrenta mayores barreras para acceder al empleo formal, sobre todo durante periodos de desaceleración económica, cuando suele ser el primero en quedar excluido del mercado laboral. Añadió que la medida también contribuye a reducir la informalidad y a fortalecer el capital humano en Zacatecas.

La propuesta incluye un mecanismo para que personas físicas, morales o unidades económicas que acrediten una situación económica crítica puedan solicitar estímulos fiscales, como exenciones parciales, diferimiento de pagos o facilidades administrativas relacionadas con el impuesto correspondiente.

Peña Badillo destacó que, de acuerdo con reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zacatecas inició el año con una caída en el número de empleos formales registrados, lo que genera efectos negativos en el consumo interno, la recaudación fiscal y la estabilidad social.

Señaló que el empleo formal representa acceso a seguridad social, estabilidad laboral y posibilidades de ahorro y patrimonio, mientras que su disminución debilita el tejido económico y social. Añadió que el cierre de empresas tiene un impacto que trasciende el ámbito empresarial y afecta a proveedores, cadenas productivas y a la dinámica económica local.

El legislador indicó que en semanas recientes se han registrado cierres de negocios con larga trayectoria en la entidad, situación que refleja el momento económico que atraviesan el estado y el país, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo formales.

Sostuvo que el Estado no debe mantenerse pasivo ante la pérdida de empleos y el cierre de unidades económicas, y que la política fiscal debe concebirse como una herramienta de desarrollo económico. Señaló que es preferible reducir de manera temporal la carga fiscal para preservar empleos que mantener esquemas rígidos que deriven en cierres permanentes de empresas.

Finalmente, afirmó que la caída del empleo formal y el cierre de establecimientos al inicio de 2026 evidencian la necesidad de una acción legislativa orientada a innovar en políticas fiscales para atender la situación económica.