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CIUDAD DE MÉXICO.- La Diputada Federal, Bennelly Hernández Ruedas, presentó una iniciativa de ley al Código Penal Federal, para proteger a las y los adultos mayores del despojo de su vivienda, estableciendo una penalización para aquellos que ventajosamente realizan este delito, abusando del parentesco familiar u otras circunstancias.

La legisladora detalló que, hay muchas personas de la tercera edad que han sufrido este abuso; sin embargo, muchas veces se dificulta la denuncia, ya que este delito se comete por los hijos, nietos, pareja o familiares cercanos que, “con engaños, llegan y les solicitan firmen un traspaso, una carta poder o la misma herencia en vida de sus propiedades”.

Enfatizó que este hecho deleznable y alevoso, es uno de los actos que más violenta a las personas mayores, pues los somete a una situación de mayor vulnerabilidad, ya que muchos de ellos en esta etapa de la vida, padecen de otras problemáticas como es, discapacidad física o intelectual; circunstancias que son aprovechadas por otros, a pesar de que existe un marco normativo en la materia.

Precisó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 residen en el país más de 15.1 millones de personas de 60 años o más, representando el 12 por ciento de la población total; es decir que, por cada 100 niños menores de 15 años, hay 48 adultos mayores.

Agregó que, aunque en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se establece el que puedan ser acreedores de asesoría legal para la protección de sus bienes patrimoniales, “no ha sido suficiente”, debido a que no se señala una pena o castigo conducente.

En este tenor, la iniciativa de reforma al artículo 359 del Código Penal, propone establecer que, cuando el despojo se realice en contra de una persona de la tercera edad, con violencia, engaño, o se esté ocupando un inmueble sin su consentimiento, “la pena será de uno a seis años de prisión; además de una multa de los 500 pesos a 5 mil pesos, y la reparación del daño establecida en el Código”.

Luego de su intervención, varias diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, se adhirieron a la iniciativa, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia, para su análisis y discusión como Dictamen.