“La falta de aviso no invalida la protesta, no genera consecuencias sancionatorias y no faculta a la autoridad para impedirla, modificarla o disolverla.” Suprema Corte de Justicia de la Nación (2032270)

El 2 de octubre volvió a caminar por Zacatecas y regresaron las consignas que este país conoce demasiado bien, Tlatelolco, los 43 de Ayotzinapa, los desaparecidos, la violencia y los estudiantes recordándole al poder algo que nunca termina de gustarle: la gente sale a la calle cuando siente que nadie la escucha. Hasta ahí no tendría que existir mayor misterio; lo curioso comienza cuando alrededor de una marcha aparece la palabra permiso, o esa versión un poco más elegante llamada aviso obligatorio, porque entonces la inconformidad empieza a parecer trámite administrativo. Pase a ventanilla, saque ficha, anuncie con cuarenta y ocho horas de anticipación que está usted molesto y, de ser posible, procure que su enojo no altere demasiado la agenda pública. Una Independencia organizada de esa manera habría sido una maravilla para el virrey; una Revolución anunciada con oficio previo, un detalle de cortesía que Porfirio Díaz seguramente habría agradecido.

Hidalgo no mandó un escrito para comunicar que estaba por comenzar la Independencia; la conspiración fue descubierta y el levantamiento tuvo que adelantarse. Un siglo después, Madero llamó desde el Plan de San Luis a levantarse contra el régimen porfirista y abrió una ruptura política que terminaría cambiando al país. Evidentemente, una marcha universitaria no es una insurrección armada; el punto es otro, los movimientos sociales nacen del hartazgo, de la injusticia, del abuso o simplemente de ese momento en que una parte de la sociedad decide que ya no está dispuesta a seguir callada. El descontento no suele revisar el calendario oficial antes de aparecer; mucho menos pregunta si la autoridad tiene disponibilidad para recibirlo.

Este año la Suprema Corte puso esa discusión en términos bastante claros, reconoció a la protesta social pacífica como un derecho humano fundamental y sostuvo que una manifestación no puede quedar sometida a autorización previa; incluso tratándose del aviso, la Corte marcó un límite que conviene leer con calma, puede servir para organizar seguridad, tránsito o servicios públicos, pero su ausencia no convierte una protesta en ilegal ni abre la puerta para sancionarla, impedirla o disolverla. También puede haber manifestaciones espontáneas, porque sería absurdo pretender que una sociedad programe con dos días de anticipación el momento exacto en que va a indignarse. Si hoy desaparece una persona, si mañana ocurre un abuso policial o si dentro de unas horas un grupo de estudiantes considera necesario salir a exigir respuestas, el derecho no aparece después de que transcurrieron cuarenta y ocho horas; ya estaba ahí.

Y aquí Zacatecas tiene un detalle interesante, nuestra Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad todavía dispone que los organizadores deben avisar con cuarenta y ocho horas de anticipación y contempla una sanción para quien no lo haga; unas líneas antes, la misma ley ordena a la Secretaría de Seguridad proteger y prestar apoyo a las manifestaciones. El contraste ya era curioso, ahora resulta todavía más difícil de sostener frente al criterio reciente de la Corte; informar una ruta puede ayudar a cerrar una calle, mover vehículos o garantizar que una ambulancia tenga paso, pero castigar a quien protestó porque no anunció previamente que estaba inconforme cambia por completo la naturaleza de la regla. La autoridad administra tránsito y seguridad, no debería administrar el momento en que una persona adquiere derecho a enojarse con ella.

Y qué fecha para discutir todo esto. Durante décadas hemos repetido que el “2 de octubre no se olvida”, condenamos a Díaz Ordaz, recordamos Tlatelolco y miramos fotografías en blanco y negro con la tranquilidad que da juzgar a un gobierno muerto; criticar al poder de 1968 ya no cuesta nada, nadie pierde una invitación, un contrato ni una fotografía por decir que aquel régimen fue autoritario. Lo difícil comienza cuando el estudiante está vivo, marcha hoy, ocupa una avenida, grita frente a Palacio, pregunta por desaparecidos, cuestiona la seguridad o decide que el boletín oficial no coincide con la realidad que conoce. Ahí la memoria deja de ser ceremonia, deja de servir para discursos y empieza a exigir coherencia.

Los muchachos que marcharon el dos de octubre utilizaron una frase que explica bastante bien esa continuidad, “somos nietos de los del 68 y hermanos de los 43”; no estaban recitando una efeméride, estaban diciendo que entre Tlatelolco, Ayotzinapa y las preocupaciones actuales existe una línea que todavía no termina de romperse. La memoria del 68 vale porque obliga a mirar con desconfianza esa vieja costumbre mexicana de considerar que el orden pertenece al gobierno y la protesta debe comportarse para merecer un espacio; una democracia no se demuestra cuando todos están de acuerdo ni cuando las marchas pasan lejos de Palacio, se demuestra precisamente cuando alguien incomoda, cuestiona y obliga a escuchar lo que desde una oficina sería mucho más agradable ignorar.

Eso tampoco convierte cualquier manifestación en territorio sin ley; quien golpea responde por el golpe, quien destruye bienes puede responder por el daño y la autoridad tiene obligaciones frente a quienes no participan en la protesta. Pero sancionar una conducta concreta es una cosa, mirar con sospecha una marcha porque no fue anunciada es otra; si una inconformidad sólo resulta aceptable cuando ocurre a la hora convenida, sigue la ruta acordada, entrega previamente sus datos y procura no alterar demasiado la tranquilidad del gobierno, quizá ya no estamos frente a una protesta. Estamos frente a un desfile, y los desfiles sí suelen pedir permiso porque, entre otras cosas, nadie marcha en ellos contra quien autorizó la ruta.

Ahí está quizá lo que seguimos sin aprender del 2 de octubre, hemos convertido la frase “no se olvida” en parte del calendario nacional, pero recordar a los estudiantes muertos resulta bastante más fácil que respetar a los estudiantes que todavía pueden levantar la voz. Hidalgo no avisó al virrey que comenzaría una rebelión, Madero no pidió autorización al régimen porfirista para convocar al levantamiento y los grandes movimientos sociales de nuestra historia tampoco nacieron después de obtener sello de recibido; pretender que la inconformidad ciudadana funcione como un trámite no fortalece al gobierno, sólo revela cuánto le cuesta aceptar que la calle también pertenece a quienes están en desacuerdo.

El Estado puede ordenar el tránsito, proteger a terceros, abrir paso a una ambulancia y desplegar policías para cuidar a quienes marchan; para eso existe la autoridad. Lo que no puede hacer es repartir permisos para disentir ni convertir el aviso en una especie de peaje antes de ejercer un derecho, porque en ese momento la discusión deja de ser sobre una marcha y empieza a ser sobre algo bastante más delicado, quién manda realmente en una democracia. El 2 de octubre tendría que habernos enseñado al menos eso: el ciudadano no existe por tolerancia del gobierno, el gobierno existe porque hay ciudadanos; cuando esa relación se invierte, la historia mexicana ya nos contó varias veces cómo termina.