"No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes." - Benito Juárez.

En Zacatecas no estamos discutiendo transporte público, estamos midiendo hasta dónde aguanta el usuario antes de resignarse; los concesionarios piden subir el pasaje, con el argumento de que el sistema ya no es rentable; puede ser cierto, pero hay algo que sí es claro, ellos mismos reconocen que el servicio es deficiente.

Y ese reconocimiento cambia todo; porque una cosa es pedir un ajuste cuando el servicio funciona, y otra muy distinta es hacerlo cuando el propio sistema admite que falla; de 510 unidades concesionadas operan 284, hay rutas inexistentes, otras que apenas funcionan, camiones con hasta 20 años de antigüedad y fallas mecánicas frecuentes, incluso se admite que hay operadores sin seguridad social; no es un problema menor, es un sistema que opera a medias.

La ley en Zacatecas no es un adorno; establece que el transporte público es una función del Estado orientada a satisfacer necesidades colectivas, no un negocio cualquiera; también fija condiciones mínimas, las unidades deben ser seguras, el servicio debe ser eficiente y la autoridad debe evaluar la calidad antes de autorizar tarifas; no es opcional, es obligatorio.

Además, la ley reconoce derechos concretos del usuario; uno de los más básicos es el comprobante de pago, no es un simple papel, es la garantía del seguro en caso de accidente; la norma obliga a entregarlo y, sin embargo, en la práctica nadie lo recibe; ese pequeño detalle retrata todo el sistema, lo que está en la ley se ignora en la realidad.

Lo mismo ocurre con la seguridad; la ley exige condiciones mecánicas adecuadas, pero los propios concesionarios reconocen fallas frecuentes y unidades en estado de desgaste evidente; la norma habla de eficiencia, de cumplimiento de rutas, de itinerarios claros, pero en la práctica hay rutas que no existen, otras que operan al mínimo y un sistema que se concentra en el boulevard, obligando a miles de personas a tomar dos o tres camiones para llegar a su destino; eso no es eficiencia, es resignación institucionalizada.

Así, los derechos del usuario existen en el papel, pero en la calle se volvieron letra muerta; no porque la ley sea confusa, sino porque nadie la hace cumplir, ni los concesionarios que operan bajo condiciones que ellos mismos reconocen como deficientes, ni la autoridad que tiene la obligación de supervisar y corregir.

Entonces la discusión del aumento cambia de fondo; ya no es sólo cuánto cuesta el servicio, sino qué servicio se está pagando; la propia ley establece que la tarifa debe considerar la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de obligaciones, no es un cheque en blanco para cubrir costos, es una decisión condicionada al funcionamiento real del sistema.

En un estado donde los salarios son bajos y la movilidad es complicada, el impacto no es menor; muchas personas necesitan dos o hasta tres camiones para trasladarse, los horarios son limitados y, después de la tarde, la movilidad prácticamente desaparece; en ese contexto, subir el pasaje no es un ajuste técnico, es una carga directa sobre quienes menos margen tienen.

Por eso el argumento de que es menos costoso subir la tarifa que dejar de prestar el servicio suena más a advertencia que a justificación; se coloca al usuario en una disyuntiva incómoda, pagar más o quedarse sin transporte, pero se omite lo esencial, cumplir la ley antes de cobrar más.

Porque la ley no es una aspiración ni un discurso bonito; es una obligación, y mientras siga tratándose como sugerencia, el transporte público en Zacatecas seguirá funcionando bajo la misma lógica, incumplir primero, justificar después y cobrar al final.

La pregunta ya no es si el aumento es viable; la pregunta es más incómoda, ¿en Zacatecas el derecho del usuario vale algo o sólo sirve para llenar artículos que nadie respeta? Porque cuando la ley se vuelve letra muerta, lo que desaparece no es el transporte, es el Estado.