"¡A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley!" AMLO

La pelea por los toros en Zacatecas ya dejó de ocurrir dentro de la Monumental; ahora se libra en un expediente de amparo y, curiosamente, el animal menos importante en esta parte de la historia puede terminar siendo el toro. El Juzgado Segundo de Distrito concedió una suspensión provisional dentro del juicio de amparo indirecto 1550/2026-II, promovido por Proyecto Solovino Zacatecas A.C., para que las autoridades se abstengan de desarrollar y ejecutar el programa taurino de la Fenaza previsto del 5 al 20 de septiembre; el Gobierno del Estado al parecer ya interpuso un recurso de queja que resolverá un Tribunal Colegiado y el próximo 4 de septiembre deberá resolverse la suspensión definitiva. Hasta aquí no hay misterio ni conspiración antitaurina, existe un juicio, una medida cautelar y autoridades que pueden impugnarla. Así funciona el derecho cuando funciona.

La palabra “suspensión” suele provocar confusión porque parece que la jueza ya decidió que los toros son inconstitucionales, ilegales, inmorales y probablemente responsables del precio del frijol; nada de eso. La suspensión tiene una función mucho más sencilla, evitar que aquello que se está discutiendo suceda antes de que pueda discutirse. Si la asociación sostiene que una corrida provoca sufrimiento y muerte contrarios a la protección constitucional de los animales, sería bastante absurdo celebrar primero las ocho corridas y preguntar después si podían celebrarse. Una sentencia favorable dictada cuando los toros ya fueron lidiados tendría aproximadamente la misma utilidad práctica que un paraguas entregado después de la tormenta; por eso el amparo conoce medidas cautelares y por eso la Ley de Amparo permite mantener las cosas mientras se estudia el fondo.

Hay además una diferencia enorme entre recurrir una resolución y fingir que nunca llegó. El gobierno puede considerar que la jueza se equivocó; puede alegar tradición, actividad económica, patrimonio cultural, derechos de los aficionados, competencias de las autoridades y cuanto argumento jurídicamente resulte defendible. Si ya interpuso el recurso correspondiente será un Tribunal Colegiado el que revise la decisión; eso es institucionalidad. Lo que no cabe es esa peculiar teoría procesal mexicana según la cual presentar un recurso convierte automáticamente en optativa la resolución recurrida. Mientras la suspensión continúe vigente debe cumplirse; si después se revoca, podrán cambiar las cosas, pero una autoridad no puede adelantarse al tribunal porque le urge abrir la taquilla.

Y aquí la memoria empieza a molestar. En 2022 ocurrió casi la misma película, sólo que ya conocemos el final; el Juzgado Segundo de Distrito suspendió provisionalmente diez festejos taurinos de la Fenaza, después concedió la suspensión definitiva y un Tribunal Colegiado confirmó la medida. Aun así se realizaron festejos; posteriormente el propio juzgado dio vista al Ministerio Público Federal por posibles hechos constitutivos de delito relacionados con el incumplimiento y señaló que las autoridades no habían acreditado haber impedido la difusión y ejecución de los eventos. Hubo incluso documentos presentados después de terminada la feria para demostrar que ya no había publicidad; una magnífica forma burocrática de comprobar que el incendio estaba apagado cuando el edificio ya se había quemado.

El antecedente del año pasado sirve para entender justamente lo contrario. En 2025 un grupo de pensionados del Issstezac promovió amparo para intentar frenar la Fenaza y pidió que alrededor de 60 millones de pesos destinados a la feria fueran utilizados para cumplir obligaciones y sentencias relacionadas con sus pensiones; el Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión provisional y la feria siguió adelante. Eso desmonta la explicación fácil de que cualquier asociación llega con un amparo, toca la puerta de un juzgado y apaga la feria. El año pasado pidieron suspensión y no se concedió; este año sí. La diferencia está en el acto reclamado, la afectación alegada, el interés social y el riesgo de que el daño sea irreparable. Para eso existen los jueces, aunque resulte más cómodo decir que aman o detestan los toros.

Además, el tablero constitucional cambió. Desde diciembre de 2024 el artículo 4 de la Constitución establece expresamente que queda prohibido el maltrato a los animales y obliga al Estado a garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. Zacatecas, al mismo tiempo, tiene una larga tradición taurina y declaró la fiesta de los toros patrimonio cultural inmaterial; ahí está precisamente el conflicto que merece una sentencia seria. ¿Hasta dónde puede llegar la protección de una tradición cuando durante su ejecución existe dolor, lesiones y muerte del animal?, ¿cómo debe armonizarse ese patrimonio con el nuevo mandato constitucional?, ¿puede establecerse una excepción y quién tendría competencia para hacerlo? Ésas son preguntas jurídicas bastante más interesantes que dividir la plaza entre personas civilizadas y bárbaros, según el bando desde el cual se grite.

Hasta puedo entender a quien defiende la fiesta brava; cincuenta años de Monumental, ganaderías, familias, empleos, memoria, aficionados y una tradición que efectivamente pertenece a la historia zacatecana. También entiendo a quién mira exactamente el mismo espectáculo y sólo ve un animal herido para entretener a una multitud. Esa discusión va a ser dura y tendrá que llegar tarde o temprano a los tribunales; lo que cuesta muchísimo más entender es que un gobierno pretenda defender una tradición debilitando otra bastante más importante, la de obedecer las resoluciones judiciales. Porque si la autoridad considera incorrecta una suspensión, presenta agravios; no abre la plaza y luego manda al jurídico a explicar por qué aquello que todos vimos jurídicamente nunca ocurrió.

La Ley de Amparo tampoco redactó sus consecuencias para adornar bibliotecas. El incumplimiento de una suspensión puede abrir incidentes, medidas de ejecución y, bajo los supuestos legales correspondientes, responsabilidades incluso penales; para la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. Eso no convierte automáticamente en delincuente. Pero deja algo bastante claro, desobedecer una suspensión federal no es picardía política, ni defensa cultural, ni valentía frente a los jueces. La ley le puso consecuencias porque entendió desde hace mucho que el poder siempre siente la tentación de obedecerse a sí mismo.

Por eso el 50 aniversario de la Monumental terminó poniendo frente al gobierno una prueba bastante mayor que llenar la plaza. Puede ganar la queja y entonces podrá presumir que tenía razón; puede perderla y tendrá que aceptar una resolución que no comparte. Eso también es gobernar. Lo verdaderamente grave sería repetir 2022 y descubrir que cuatro años después seguimos considerando las sentencias federales como recomendaciones que pueden cumplirse cuando no estorban demasiado. Entonces ya no estaremos discutiendo si un toro debe morir en una plaza, estaremos comprobando algo mucho más peligroso, que una autoridad decidió que puede escoger qué órdenes judiciales obedecer.

Y ahí sí conviene dejar los capotes a un lado. Porque un gobierno que desacata una suspensión mientras exige a sus ciudadanos cumplir reglamentos, pagar impuestos, respetar clausuras, aceptar multas y someterse todos los días a decisiones de autoridad pierde autoridad moral para hablar de Estado de derecho; puede conservar policías, oficinas, sellos y discursos, pero habrá cambiado la regla básica del juego. Al ciudadano le exigirá obediencia y para sí reservará la excepción. Eso tiene un nombre bastante antiguo y no es transformación, tampoco democracia; es poder sin freno. Y si Zacatecas vuelve a permitir que una orden judicial se burle desde el tendido, el problema ya no será que en la Monumental maten toros; será que desde el gobierno estén enseñando, otra vez, que la ley sólo manda sobre quienes no tienen poder.