"La inteligencia artificial debe promover la justicia social, no profundizar las desigualdades" — Papa Francisco (Llamado ético sobre el uso de la tecnología)

Hace casi tres años, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional descubrió una forma nueva de violencia y una forma muy vieja de abandono; alguien tomó sus fotografías, las manipuló con inteligencia artificial y las convirtió en imágenes de contenido sexual. No les tocaron el cuerpo, dirán algunos con esa ternura de sepulturero que a veces tiene el derecho cuando no entiende el daño, pero les invadieron la identidad, la dignidad, la tranquilidad y esa parte íntima de la vida que no se recompone con un “usted disculpe”.

En la computadora del presunto responsable se encontraron más de 166 mil imágenes alteradas y miles de videos; no era una travesura digital, era una fábrica de humillación. Después vino el espectáculo institucional, un juez absolvió al acusado en una de las causas al considerar que no estaba acreditado que él hubiera creado las imágenes; las víctimas apelaron y empezó la segunda agresión, la que no necesita inteligencia artificial, sólo un expediente detenido, una sala que no resuelve y un Estado que siempre encuentra la forma de pedir paciencia a quienes ya les quitó demasiado.

Este caso no es sólo penal, ni sólo tecnológico, ni sólo de género; es una advertencia sobre el país que estamos construyendo con celular de última generación y justicia de ventanilla cansada. La inteligencia artificial ya puede fabricar agresiones sexuales, destruir reputaciones, simular intimidad y violentar a mujeres sin que el agresor tenga que pararse frente a ellas; antes se necesitaba cercanía, hoy basta una fotografía, una aplicación y una conciencia en modo avión. El problema no es que la tecnología avance demasiado rápido, el problema es que nuestras instituciones caminan como si el futuro les hubiera pedido permiso por escrito y con copia.

Albert Lladó plantea una idea incómoda, quizá el riesgo no sea que las máquinas terminen pensando como seres humanos, sino que los seres humanos terminemos pensando como máquinas. Cada mañana abrimos el teléfono y alguien ya decidió qué debe indignarnos, qué debemos celebrar, a quién debemos admirar y a quién debemos condenar antes del desayuno. Lo llaman actualidad, pero muchas veces es apenas una realidad editada para consumo rápido; indignación instantánea, memoria desechable y criterio público servido en vaso de unicel.

Y mientras México sigue discutiendo si el expediente electrónico funciona, la justicia sigue atrapada en una contradicción ridícula; presume modernización, habla de transformación digital, llena discursos con palabras como innovación, eficiencia y cercanía, pero todavía se tropieza con lo básico, resolver a tiempo, escuchar a las víctimas, entender el daño, distinguir entre una imagen y una agresión, entre un archivo digital y una vida rota. Si el expediente electrónico falla, se culpa al sistema; si la víctima espera, se culpa a la carga de trabajo; si nadie responde, se le llama trámite. Qué forma tan elegante de decir abandono sin mancharse las manos.

Mientras eso pasa, Brasil acaba de abrir otra puerta del infierno procesal. En Pará, dentro de una demanda laboral, una inteligencia artificial judicial llamada Galileu detectó algo escondido en un documento; letra blanca sobre fondo blanco, invisible para el ojo humano, pero visible para la máquina. El mensaje no iba dirigido al juez, sino al algoritmo, y le pedía contestar de forma superficial y no impugnar documentos. La vieja chicana procesal se puso perfume tecnológico y salió a litigar.

El juez impuso una multa y dio vista a la orden profesional correspondiente. La lealtad procesal del siglo XXI ya no se juega únicamente en lo que se dice frente a la autoridad, también se juega en lo que se oculta entre líneas de código. Mañana alguien puede esconder un comando invisible en un amparo, en un juicio de alimentos, en una demanda laboral o en una causa penal; y lo más probable es que no tengamos ni el sistema para detectarlo, ni la regla clara para sancionarlo, ni la doctrina mínima para nombrarlo. Eso sí, seguramente tendremos una mesa de trabajo, un comunicado institucional y una foto con cara de preocupación.

La inteligencia artificial no vino a sustituir al abogado, vino a exhibir al abogado que nunca entendió su responsabilidad; tampoco vino a destruir la justicia, vino a mostrar que muchas veces ya estaba dañada, sólo que antes el cadáver estaba mejor peinado. México necesita legislación seria, capacitación judicial real, peritajes especializados, protocolos de detección y responsabilidad profesional. Las víctimas del IPN no necesitan discursos futuristas, necesitan justicia; los tribunales no necesitan presumir modernidad, necesitan entenderla; el gobierno no necesita otra narrativa de transformación, necesita admitir que un Estado que no protege la dignidad digital tampoco protege plenamente a la persona.

Porque si el poder sigue confundiendo tecnología con propaganda, justicia con trámite y derechos con tendencia, el futuro no nos va a alcanzar, nos va a pasar por encima; y cuando eso ocurra, no podremos culpar a la inteligencia artificial. La máquina sólo habrá hecho lo que le enseñamos, obedecer sin conciencia. Lo grave será descubrir que muchas instituciones mexicanas ya lo hacían desde antes.