“La justicia retrasada es justicia denegada.” Máxima Jurídica.

Rosendo Radilla Pacheco desapareció en 1974, cincuenta y dos años después seguimos hablando de él y eso, por sí solo, debería bastar para entender el tamaño del problema. Fue detenido por militares en Guerrero, su familia lo buscó, México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, el asunto llegó a nuestra Suprema Corte y terminó cambiando cosas que hoy cualquier estudiante de derecho escucha desde los primeros semestres, derechos humanos, control de convencionalidad, fuero militar. Radilla se convirtió en caso, después en sentencia, luego en precedente, más tarde en pregunta de examen; mientras tanto, su familia siguió esperando saber dónde está.

Ahora el expediente vuelve a la Suprema Corte y esta vez la pregunta es distinta, quizá hasta más difícil. Ya sabemos que el Estado tenía que buscarlo, investigar su desaparición y esclarecer los hechos; lo que habrá que discutir es qué puede hacer un juez de amparo cuando pasan los años y la autoridad simplemente no cumple como debería. Porque ordenar “investíguese” queda muy bien en una sentencia, el problema empieza cuando pasan cinco, diez, veinte años y seguimos redactando nuevas resoluciones para pedir otra vez aquello que ya se había ordenado. A este paso, el expediente corre el riesgo de envejecer mejor que quienes comenzaron a tramitarlo.

Ahí está el asunto jurídico, explicado sin ceremonia. ¿Hasta dónde puede meterse un juez? Puede ordenar que se busque, exigir diligencias, revisar omisiones y obligar a distintas autoridades a coordinarse; pero no puede ponerse el chaleco de la fiscalía por la mañana, convertirse en perito después de comer y salir con una pala por la tarde. Tampoco parece razonable el extremo contrario, dictar una sentencia preciosa, citar media biblioteca constitucional, declarar violados varios derechos y después cruzar los brazos porque investigar corresponde a otra autoridad. Entre esas dos cosas tendrá que caminar la Corte, y el terreno no es sencillo.

El problema tampoco pertenece solamente a los Radilla. Pensemos en cualquier madre que busca a su hijo desaparecido, presenta denuncias, entrega información, toca puertas y descubre que el expediente sabe permanecer quieto con una eficacia envidiable; si consigue un amparo después de años de pleito, ¿qué espera recibir?, ¿una hoja que diga que efectivamente tenía derecho a que buscaran a su hijo o una decisión capaz de obligar a las autoridades a mover las piernas? Esa diferencia separa al derecho que enseñamos en las facultades del derecho que necesita una persona cuando llega desesperada ante un tribunal.

Y aquí el caso empieza a darle urticaria al poder, como debe hacerlo el buen derecho. México ha construido durante décadas leyes, fiscalías, comisiones, protocolos, unidades especializadas y oficinas con nombres cada vez más largos; también hemos aprendido a hablar estupendamente de derechos humanos. Somos capaces de organizar un foro sobre desaparición, imprimir el programa, colocar logotipos institucionales, tomarnos la fotografía y publicar que refrendamos nuestro compromiso con las víctimas. Buscar durante cincuenta y dos años a un hombre, en cambio, parece haber resultado bastante más complicado.

Por eso Radilla vuelve a incomodar. Ya no basta preguntarnos qué dice la Constitución, qué ordenó la Corte Interamericana o cuántas páginas tendrá la próxima sentencia; la pregunta es más terrenal, qué puede hacer un ciudadano cuando el gobierno pierde, omite, retrasa o simplemente deja pasar el tiempo y después pretende que el expediente envejezca hasta convertirse en historia. El amparo nació precisamente para poner un límite al poder, no para explicarle con mucha educación que volvió a equivocarse.

Cincuenta y dos años después, Rosendo Radilla sigue desaparecido. Esa frase pesa más que cualquier tratado jurídico y deja una cuenta pendiente que ningún gobierno debería poder esconder entre expedientes. La nueva Suprema Corte tendrá ahora la oportunidad de decir hasta dónde puede llegar un juez para romper una omisión que ha sobrevivido gobiernos, funcionarios, reformas y discursos; porque cuando el Estado necesita medio siglo, una condena internacional y otra vuelta por los tribunales para hacer aquello que debía hacer desde el primer día, quizá el problema ya no sea que nos falten leyes.

Quizá llevamos demasiado tiempo confundiendo cumplir una sentencia con aprender a administrarla.