ZACATECAS, ZAC.- Luego del despojo de sus tierras y destrucción de sus hogares por parte de la compañía minera Plata Panamericana, los habitantes de La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, sufren nuevamente el acoso de la misma empresa, que exige la devolución de las casas que entregaron en comodato, sin dejarles un techo donde habitar.

Por tal motivo, representantes de la comunidad, acompañados por el Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para reprochar la acusación de abuso de confianza que la minera interpuso en su contra a mediados del 2024, cuando, reclaman, a la denuncia que ellos interpusieron ante la destrucción de sus viviendas en el 2015 nunca se le dio seguimiento.

Efraín Arteaga Domínguez, del FSSP, señaló que la compañía canadiense “sin ninguna justificación legal, sin ningún mandato de autoridad competente, con sus propios bulldozers y sin decir ‘agua va’ llevó a cabo la destrucción de toda la comunidad, demoliendo 140 viviendas”.

Incluso, acusó, que estas obras se realizaron con niños dentro de las propias viviendas, de las cuales no dejaron sacar a sus propietarios muebles ni documentos, lo que fue denunciado ante la Fiscalía en ese entonces sin obtener respuesta alguna.

Tras la destrucción de sus hogares, expuso, la compañía “muy generosa” ofreció el préstamo de viviendas en una unidad habitacional construida por la compañía para sus trabajadores con condiciones “muy destructivas para el modo de vida de la comunidad”, al no permitir su desarrollo económico, basado principalmente en la producción agrícola y ganadera.

Sin embargo, la semana pasada los habitantes de la comunidad fueron llamados a audiencia ante la acusación penal de abuso de confianza por parte de la misma empresa que exige la devolución de dichas viviendas, “dando por terminado el contrato de comodato”, con lo que, consideró, “se consumaría el despojo de una manera absoluta”.

“Imagínense lo que significa: dejar a las familias, pues ni siquiera en la calle, porque ahí no hay calles”, reprochó Arteaga Domínguez, quien acompañó a los habitantes de La Colorada a la Fiscalía para hacer el reclamo correspondiente, ante el plazo concedido por el juez a favor de la compañía minera de desalojar las viviendas en 48 horas.

Ante este reclamo, la FGJEZ suspendió el plazo de desalojo para que el martes de la próxima semana se establezca el diálogo entre las partes hasta lograr un acuerdo para la reparación del daño.