ZACATECAS, ZAC.-La autoridad judicial vinculó a proceso penal a Salvador “N”, profesor del Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas (CAMZAC), por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual; no obstante, el caso continuará bajo la figura de suspensión condicional del proceso, mecanismo previsto en el sistema de justicia penal para determinados delitos cuando se cumplen los requisitos legales y existe acuerdo entre las partes.

Durante la audiencia, el juez determinó que el imputado deberá cumplir diversas condiciones para mantener vigente la salida alterna. Entre ellas, recibir tratamiento psicológico orientado al control de impulsos, abstenerse de ejercer cualquier acto de violencia o de hostigamiento contra la víctima y cubrir la reparación del daño. Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.

La medida fue aceptada tanto por la defensa como por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Concluido el periodo fijado por la autoridad jurisdiccional, se celebrará una nueva audiencia en la que el juez evaluará si el imputado cumplió las condiciones impuestas; de no hacerlo, el procedimiento penal continuará en la etapa correspondiente.

La resolución judicial representa uno de los avances derivados de las denuncias presentadas por estudiantes del CAMZAC, institución que desde el año pasado enfrentó protestas y un paro estudiantil para exigir atención a presuntos casos de violencia de género y acoso sexual atribuidos a integrantes de la comunidad académica. Las movilizaciones también estuvieron encaminadas a demandar la aplicación efectiva de los protocolos institucionales para atender este tipo de conductas.

En entrevista, la universitaria y activista feminista Cristela Trejo Ortiz explicó que el acompañamiento a las estudiantes comenzó en octubre del año pasado, luego de que diversas alumnas solicitaran respaldo del Movimiento Feminista durante el conflicto.

“El acompañamiento a las estudiantes del Centro de Actualización Magisterial empezó en octubre del año pasado. Fue muy difícil porque la estructura del CAM permite que muchas situaciones se minimicen; es una comunidad pequeña, integrada principalmente por estudiantes provenientes de municipios y de las periferias de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Hay factores que favorecen a los agresores, además de la naturalización de las violencias en las instituciones de educación superior”, señaló.

Explicó que el movimiento acompañó a las alumnas no solamente durante el paro estudiantil, sino también en las reuniones sostenidas con las autoridades educativas.

“Las estudiantes decidieron tomar las instalaciones porque no se activaron los protocolos correspondientes. Con Movimiento Feminista iniciamos el acompañamiento durante el paro y también en las reuniones con las autoridades, porque ellas querían sentirse más seguras frente a la desigualdad y disparidad de poder que existía”, indicó.

Trejo Ortiz recordó que, aunque varias jóvenes manifestaron haber sido víctimas de distintas conductas, únicamente uno de los casos logró avanzar hasta la etapa judicial.

“Afortunadamente hubo una denuncia que sí tuvo un cauce favorable, en el sentido de que pudo judicializarse; no ocurrió así con algunas otras. Correspondía al Centro de Justicia para las Mujeres hacer su trabajo adecuadamente”, afirmó.

Incluso, aseguró que algunas denunciantes fueron desalentadas para continuar con sus procedimientos legales.

“Hubo incluso víctimas a quienes les dijeron que el delito había prescrito, cuando eso no era cierto”, sostuvo.

La activista destacó que la estudiante denunciante contó durante todo el procedimiento con acompañamiento jurídico y psicológico, así como con el respaldo de su familia, de una asesora jurídica del Movimiento Feminista y de docentes universitarias.

Respecto a la suspensión condicional del proceso, enfatizó que la decisión fue tomada exclusivamente por la víctima, luego de recibir asesoría integral sobre los alcances legales de esta figura.

“La víctima tuvo una asesoría completa e integral tanto de la representación del Ministerio Público como de su asesora jurídica victimal. El proceso judicial es muy revictimizante y este tipo de delitos lo es todavía más. Por ello se aceptó la propuesta de salida alterna con pleno conocimiento y conciencia de sus efectos”, expresó.

Trejo Ortiz precisó que la suspensión del proceso no significa el cierre definitivo del caso, ya que el cumplimiento de las condiciones será supervisado por el Poder Judicial.

“Si no se da cumplimiento a las condiciones dentro del plazo que dictó el juez, el proceso regresa y continúa. Eso también brinda cierta tranquilidad a la víctima”, explicó.

Añadió que, aun cuando la legislación contempla mecanismos de reparación del daño, éstos nunca restituyen plenamente las afectaciones ocasionadas en delitos de naturaleza sexual.

“Cuando hablamos de la integridad y de la dignidad de las personas nunca va a haber una reparación integral ni justa, porque el daño es irreparable”, manifestó.

La activista consideró que el resultado alcanzado constituye un precedente importante para otras mujeres que enfrentan situaciones similares.

“Es un gran logro. El proceso judicial forma parte de la recuperación de las víctimas, pero no es todo. Este caso puede servir para que otras estudiantes se animen a denunciar, porque sabemos que no es un camino sencillo”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las instituciones educativas para fortalecer los mecanismos de prevención y atención de la violencia de género.

“Es muy importante visibilizar lo que se logró para que otras víctimas sepan que es posible acceder a la justicia como parte de su recuperación. Ahora corresponde a las instituciones educativas activar los protocolos de manera inmediata para evitar que las estudiantes tengan que llegar a estas situaciones y garantizar espacios seguros donde puedan desarrollar su formación sin ser violentadas ni permanecer expuestas a sus agresores”, concluyó.