ZACATECAS, ZAC.- El Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) manifestó públicamente su respaldo a las estudiantes y docentes del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) que denunciaron actos de violencia de género, y exhortó a las autoridades educativas y de procuración de justicia a garantizar la protección de la víctima, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición, tras la resolución judicial emitida en el caso del docente Salvador “N”.

Mediante un posicionamiento dirigido al gobernador, a las diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Carlos Villegas Márquez; a la secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales; al fiscal general de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya; a la fiscal especializada en Delitos por Razón de Género, Martha Berenice Vázquez González; a la directora del CAM, Adriana Márquez Sánchez, así como a la comunidad educativa y a la sociedad zacatecana, el colectivo expresó su solidaridad con quienes denunciaron los hechos.

El documento destaca el caso de la estudiante que denunció actos de acoso y hostigamiento sexual presuntamente cometidos por Salvador “N”, al señalar que hacerlo implicó enfrentar miedo, estigmatización y un fuerte desgaste emocional.

"Reconocemos que denunciar la violencia sexual dentro de las instituciones educativas implica enfrentar miedo, estigmatización, desgaste emocional y, con frecuencia, relaciones de poder profundamente desiguales. Por ello, reiteramos nuestro reconocimiento a quienes decidieron romper el silencio y exigir justicia", señala el pronunciamiento.

El Grupo de Acompañamiento consideró que la resolución judicial representa un reconocimiento de los hechos denunciados, aunque advirtió que el imputado fue beneficiado con una salida alterna consistente en la suspensión condicional de la pena, situación que, afirmó, impacta directamente en la víctima y en su acceso a la justicia.

Asimismo, sostuvo que corresponde ahora a las autoridades educativas y de procuración y administración de justicia garantizar respuestas institucionales suficientes para proteger a las víctimas, sancionar las conductas de violencia y evitar su repetición.

En ese sentido, el colectivo sostuvo que el docente señalado no debe reincorporarse a funciones frente a grupo ni desempeñar actividades que impliquen contacto directo con estudiantes.

El pronunciamiento recuerda que las instituciones educativas tienen la obligación de garantizar espacios libres de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento sexual, con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Educación y diversos instrumentos internacionales suscritos por México, entre ellos la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Además, enfatiza que la responsabilidad institucional no concluye con la emisión de una resolución judicial, sino que debe incluir medidas de reparación integral del daño que permitan restituir los derechos vulnerados y contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima.

El colectivo advirtió que la violencia sexual en los espacios educativos es una expresión de las desigualdades estructurales de género y manifestó su preocupación porque las salidas alternas puedan generar mayores beneficios para quien ejerció la violencia que para la víctima, quien continúa enfrentando consecuencias emocionales, académicas, familiares, económicas y sociales.

Finalmente, el Grupo de Acompañamiento exhortó a las autoridades del Centro de Actualización del Magisterio y a las instancias educativas competentes a actuar "con la máxima diligencia y responsabilidad institucional" para garantizar la protección de la estudiante, el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación integral del daño, las garantías de no repetición y la erradicación de la violencia institucional.

"Las instituciones educativas deben ser espacios para aprender, crecer y construir proyectos de vida, nunca escenarios donde las mujeres tengan que elegir entre su educación o su seguridad", concluye el pronunciamiento fechado el 9 de julio de 2026 en Zacatecas.