“El acceso a la información y la protección de datos personales son derechos esenciales para una sociedad libre, y su garantía debe ser una prioridad”

Fabiola Torres Rodríguez*

El 2025 arranca con un contexto sin precedente en México, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales enfrentan desafíos que, desde hace más de dos décadas, no se planteaban. Con la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la sociedad está a la espera de las medidas a tomar para garantizar que estos derechos fundamentales sigan siendo ejercidos por las y los mexicanos.

El acceso a la información se consagró como un derecho que permite a la ciudadanía conocer cómo se gobierna, evaluar y vigilar a sus autoridades. Por su parte, la protección de los datos personales salvaguarda la privacidad de las personas, al protegerlas de posibles abusos, discriminación y riesgos asociados al uso indebido de su información.

Sin el INAI, que durante años fungió como garante de estos derechos, queda la incertidumbre sobre cómo asumirá la ahora Secretaría Anticorrupción la responsabilidad de protegerlos y bajo qué mecanismos. En este sentido, resulta urgente que el Congreso emita una legislación que defina claramente:

Los procedimientos para ejercer los derechos de acceso y protección de datos: La ciudadanía necesita conocer cómo podrá continuar realizando solicitudes de información pública y denunciando violaciones a su privacidad.

Las responsabilidades de las nuevas autoridades: Esta ley debe identificar a las instancias encargadas de garantizar estos derechos, delineando así mismo sus atribuciones, recursos y mecanismos de vigilancia.

Las garantías para la ciudadanía: Cualquier nuevo marco legal debe asegurar que los procedimientos sean accesibles, eficaces y transparentes, evitando centralizaciones que puedan politizar la protección de estos derechos.

En estos días, garantizar la transparencia y la privacidad es indispensable, por lo que la sociedad mexicana espera que exista claridad en estas cuestiones para garantizar el ejercicio de los derechos, pero también, hacer menguar la desconfianza en las instituciones.

De la historia podemos aprender que, cuando los derechos de acceso a la información y protección de datos se debilitan, la ciudadanía pierde herramientas para combatir la corrupción y defender sus libertades. Por esto, México no puede permitirse un retroceso.

El papel de los legisladores es, sin duda, histórico. Las leyes que pronto deberán presentarse no solo definirán cómo se ejercerán estos derechos, sino también si como sociedad optamos por un futuro de apertura y garantías o de opacidad y vulnerabilidad. Está en manos de la ciudadanía mantenerse informada y exigir claridad en los procesos que definirán este nuevo capítulo para México.

El acceso a la información y la protección de datos personales son derechos esenciales para una sociedad libre, y su garantía debe ser una prioridad. La construcción de un marco legal robusto es el primer paso para garantizar que estos derechos sigan siendo una herramienta asequible para todas y todos los mexicanos.