“El 2025 llega con retos que exigirán voluntad política, participación ciudadana y un profundo compromiso por parte de todos los actores involucrados”

Samuel Montoya Álvarez*

A sólo días de haber iniciado, este 2025 plantea un panorama complejo y desafiante para los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México. La desaparición de organismos autónomos como resultado de una reforma histórica ya es un hecho consumado, lo que ahora obliga a replantear el marco normativo e institucional para garantizar que estos derechos fundamentales sigan siendo ejercibles.

El primer gran reto es la legislación eficiente. Ahora el legislativo tiene la responsabilidad de diseñar un nuevo entramado legal que permita preservar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. No es una tarea sencilla ni ligera, pues esto incluye establecer mecanismos claros, eficaces y accesibles para que la ciudadanía pueda continuar exigiendo transparencia a las instituciones y ejerciendo control sobre sus datos personales.

La gran pregunta será cómo lograr un balance entre la eficiencia administrativa y el cumplimiento efectivo de estos derechos, evitando retrocesos en la rendición de cuentas y la privacidad, no sólo a nivel federal, sino en los estados. La experiencia acumulada por los organismos autónomos eliminados debería servir como base para evitar caer en un vacío operativo que deje desprotegida a la población.

Otro aspecto fundamental es garantizar que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales no se vean debilitados en la práctica. Si bien el marco constitucional sigue reconociéndolos, su ejercicio dependerá de que las áreas ahora encargadas de estos temas cuenten con autonomía suficiente, el conocimiento y lineamientos claros para operar de manera efectiva.

La ciudadanía también deberá ser informada y empoderada para exigir que estos derechos sean respetados. Esto implica promover una cultura de transparencia por parte del Estado y fortalecer la educación en materia de privacidad y protección de datos. Son retos mayúsculos.

En este nuevo escenario, es clave el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una herramienta que, desde su creación, ha sido fundamental para facilitar el acceso a la información pública y garantizarlo a todo mexicano. Su continuidad y mejora deberá ser una prioridad para evitar que la transparencia retroceda a niveles desarticulados y menos eficientes.

La ciudadanía deberá de observar que se respete la interoperabilidad, actualización y seguridad de la PNT, pues nos encontramos en un contexto donde los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes. No podemos dejar a la deriva este bien de la nación.

El 2025 llega con retos que exigirán voluntad política, participación ciudadana y un profundo compromiso por parte de todos los actores involucrados. Aunque la desaparición de los organismos autónomos representa un golpe a una estructura ya consolidada, no resta más que esperar que el rediseño de este sistema sea, como se ha prometido, más incluyente, eficiente y cercano a las necesidades de la gente.

Es fundamental que las decisiones que se tomen en los próximos meses prioricen el interés público y mantengan como eje central la protección de los derechos de las personas. Solo así, México podrá enfrentar este nuevo panorama con fortaleza y convicción en su camino hacia un futuro más transparente y justo. ¡Feliz año nuevo!

Comisionado del Izai*