“En un mundo irreal los contrapesos quizá no serían necesarios…”

Fabiola Torres Rodríguez*

La historia de la transparencia en México ha evolucionado significativamente durante poco más de dos décadas; antes de los años 2000 el actuar de la clase política y gobernante se caracterizaba por el secretismo y la opacidad, sin embargo, la demanda social por la apertura y la rendición de cuentas nos ha traído, veinte años más tarde, a un nuevo momento de cambio.

Nuestro país vive hoy una etapa nueva en su vida democrática, trazada por la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas al ejercer uno de los derechos y deberes cívicos más importantes de todo ciudadano: el sufragio para elegir a sus representantes.

Para nadie es desconocida la situación en la que, a partir de las elecciones pasadas, se encuentran los organismos garantes de transparencia en nuestro país, situación que no es privativa, pues forma parte de las 18 reformas constitucionales que en septiembre el Poder Legislativo en nuestro país analizará y votará.

El anuncio de estas iniciativas ha avivado, aún más, el debate público sobre la probable desaparición de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (y en consecuencia los organismos autónomos locales), poniendo de relieve también el imprescindible papel que estos han jugado en la construcción de la democracia que hoy, si bien es perfectible, lo cierto es que también gozamos de sus beneficios.

Ante las diferentes posturas, todas ellas importantes, merece destacar aquella de la ciudadanía, pues son las y los mexicanos quienes a través de años de lucha social han construido instituciones que respaldan y vigilan el ejercicio de su libertad informativa, sin deberse a ninguna otra autoridad que la de los mismos ciudadanos.

Los órganos garantes de transparencia llevan en sí la esencia misma de la democracia en nuestro país, pues no puede haber incidencia de la sociedad en su gobierno si no cuenta con herramientas que le garanticen la información sin represalias, la participación efectiva y, por ende, le permitan ser un contrapeso real al poder del Estado.

Si bien el acceso a la información y la protección de datos personales iniciaron siendo poco conocidos, hoy el ciudadano de a pie, el trabajador, el periodista, el servidor público, el académico, el ama de casa, son quienes dan cuenta de la importancia que día con día tienen estos derechos para su vida cotidiana, aunado a la rendición de cuentas y el ejercicio sano del poder.

Ello significa que es la propia ciudadanía la que puede demandar que sus organismos autónomos evolucionen conforme las necesidades en nuestro país lo marcan, por supuesto, conservando la autonomía que ha permitido promover la rendición de cuentas, a transparencia, el empoderamiento ciudadano y la garantía del acceso a la información y la protección de datos personales.

En un mundo irreal los contrapesos quizá no serían necesarios, pero ante la pluralidad que caracteriza y enriquece a nuestro México, instituciones autónomas que defiendan los derechos de la ciudadanía son imprescindibles. El Inai, el Izai y los organismos garantes de la transparencia, funcionando en plena autonomía, son fundamentales para la democracia.