Ecodiario

CIUDAD DE MÉXICO.- Por años, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, gastó más de 210 millones de pesos para mantener y proteger a casi 400 delincuentes que se convirtieron en testigos protegidos, de los cuales hoy se desconoce su paradero, no están localizables, terminaron en las calles o están muertos, de acuerdo con funcionarios federales.
A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto se empezó a dar de baja a estos testigos y se emprendieron investigaciones porque muchos rindieron declaraciones falsas que fueron utilizadas para llevar a la cárcel a decenas de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Policía Federal, de la PGR y de la Secretaría de Marina (Semar). Hoy en día, aseguran los funcionarios de la actual administración, los pocos testigos no gozan de privilegios como sucedía antes, quienes eran apoyados para conseguir trabajos, recibían protección y vivían incluso en instalaciones militares. Otros testigos, comentan, se presume están libres en Estados Unidos, porque también declararon en juicios que se llevaron a cabo en Cortes de ese país.