ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de tipificar de manera expresa el delito de reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada.

La propuesta busca proteger la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en el país. De acuerdo con estimaciones citadas en la iniciativa, al menos 30 mil menores forman parte de estructuras criminales en México y alrededor de 250 mil se encuentran en riesgo de ser reclutados, según documentación de organizaciones no gubernamentales.

El planteamiento considera necesario visibilizar esta práctica, sancionar de forma específica a quienes la cometen y dotar al Estado de herramientas jurídicas para su prevención y erradicación. Para ello, se propone adicionar un Capítulo XI al Título Octavo del Código Penal Federal, denominado “Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo como miembros de la delincuencia organizada”.

La iniciativa contempla el incremento de las sanciones hasta en un tercio cuando se empleen conductas como secuestro, tortura, extorsión o tráfico de menores; cuando la víctima sea menor de 12 años; o cuando se aproveche la vulnerabilidad asociada a pobreza, marginación, abandono, migración, violencia familiar o pertenencia a pueblos originarios, indígenas o afromexicanos.

En los casos en que el delito sea cometido por servidores públicos, además de las multas previstas en los artículos 209 Septies y 209 Octies, se plantea la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo equivalente a la pena impuesta.

Asimismo, se establece la tipificación del delito de reclutamiento de menores tanto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de reconocer a las víctimas como tales y no como responsables de conductas delictivas.

Durante la exposición de motivos, se advirtió que la desaparición forzada de adolescentes para integrarlos a grupos criminales es cada vez más frecuente, y que estas organizaciones se aprovechan de contextos de exclusión social, falta de oportunidades, inseguridad y la difusión de la narcocultura.

La senadora señaló que Sonora, Estado de México y Zacatecas concentran el mayor número de casos de adolescentes privados de la libertad e involucrados por la delincuencia organizada, de acuerdo con registros de la Red por los Derechos de la Infancia en México.