Miles de docentes mexicanos participaron en uno de los procesos más importantes para su carrera profesional: la evaluación de Promoción Horizontal de la USICAMM.

Sin embargo, para un número importante de participantes la mayor dificultad no fue responder el examen. Fue lograr que la plataforma funcionara.

En redes sociales y grupos de docentes comenzaron a multiplicarse testimonios que describían una misma realidad: exámenes asignados a perfiles distintos, bloqueos del sistema, problemas con la autenticación, cámaras que dejaban de funcionar, interrupciones inesperadas, mensajes automáticos de presuntas irregularidades y dificultades para concluir la evaluación.

Será la autoridad quien determine el alcance real de cada incidencia. Pero independientemente de cuántos casos resulten confirmados, existe una pregunta que ya no puede ignorarse:

¿Puede considerarse justo un proceso de evaluación cuando el principal obstáculo es la tecnología y no el conocimiento?

Hace apenas unos días, la UNAM enfrentó una de las mayores crisis de confianza en la historia reciente de sus procesos de admisión. Su examen en línea fue cuestionado tras detectarse anomalías estadísticas y posibles mecanismos de fraude que obligaron a revisar resultados y replantear el modelo. Cerca de 160 mil aspirantes quedaron en medio de la incertidumbre mientras la universidad analizaba la legitimidad del proceso.

Dos instituciones distintas.

Dos poblaciones diferentes.

Un mismo problema.

Hemos depositado una confianza casi absoluta en que la tecnología garantiza objetividad.

Pero la evidencia demuestra algo distinto, pues cuando esta falla, la injusticia puede automatizarse.

La USICAMM constituye uno de los sistemas de evaluación docente más grandes de México. Cada año participan decenas de miles de maestras y maestros que buscan ingresar al servicio público, acceder a una promoción, mejorar sus condiciones laborales o aspirar a un reconocimiento profesional. Detrás de cada registro no existe un simple usuario de plataforma, sino que hay maestras y maestros con una familia, una trayectoria profesional y un proyecto de vida en que desean avanzar y mejorar.

Por eso una falla informática nunca es únicamente un error técnico, puede significar perder una oportunidad laboral; puede alterar un orden de prelación; puede  afectar ingresos económicos durante año y  deteriorar la confianza en todo un sistema de mérito.

Lo más preocupante es que estos problemas comienzan a repetirse en distintos procesos nacionales.

Estamos construyendo sistemas de evaluación cada vez más sofisticados tecnológicamente, pero no necesariamente más robustos institucionalmente.

En ingeniería de software existe un principio elemental: ningún sistema crítico debe implementarse sin pruebas de estrés, simulaciones masivas y planes de contingencia.

Paradójicamente, en algunos procesos educativos ocurre exactamente lo contrario y la primera gran prueba del sistema termina siendo el día del examen.

Y quienes descubren los errores son precisamente quienes menos deberían asumir ese riesgo, los participantes.

Eso implica realizar pilotos nacionales antes de su implementación, auditorías técnicas independientes, evaluación externa de ciberseguridad, simulaciones con cargas reales de usuarios, protocolos claros de contingencia y mecanismos ágiles para revisar cualquier incidencia.

Y dejemos algo en claro, la innovación educativa no consiste en digitalizar exámenes, consiste en construir procesos confiables. No es la cantidad de tecnología que incorpora, sino la cantidad de justicia que garantiza.