ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- La posible contratación de Israel “N” como titular de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jerez colocaría al gobierno municipal en un escenario de ilegalidad, debido a que existe una sentencia firme en su contra por violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que le impide ocupar cualquier cargo público.

De concretarse el nombramiento, las autoridades municipales podrían enfrentar responsabilidades administrativas y políticas por contravenir disposiciones expresas de la Constitución federal y la Constitución del Estado de Zacatecas. El artículo 38, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la suspensión de los derechos de ciudadanía cuando existe una sentencia firme por delitos intencionales, entre ellos la violencia política de género, lo que impide ser designado para empleo, cargo o comisión en el servicio público. El mismo criterio se reproduce en el artículo 16 de la Constitución local.

Israel “N” fue sancionado de manera definitiva el 10 de marzo de 2025, cuando el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas resolvió el Procedimiento Especial Sancionador TRIJEZ-PES-104/2024. En dicha resolución se acreditó que incurrió en violencia política contra una mujer en razón de género al menoscabar la dignidad y los derechos político-electorales de la diputada local Isadora Santiváñez Ríos, mediante expresiones difundidas en redes sociales que reproducían estereotipos de género.

Meses después, la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción, lo que derivó en la salida de Israel “N” de la titularidad de Comunicación Social del Ayuntamiento de Zacatecas. A este antecedente se suma un historial penal en el que, si bien no prosperaron todos los señalamientos, sí quedó vinculado específicamente por violencia política contra las mujeres.

Pese a este marco jurídico, trascendió que el presidente municipal de Jerez, Rodrigo Ureño, otorgaría este jueves el nombramiento oficial a Israel “N”, luego de que el exfuncionario se desempeñara recientemente dentro del Partido Acción Nacional en Zacatecas.

Si el nombramiento se formaliza, el Ayuntamiento de Jerez no solo ignoraría una sentencia firme, sino que abriría un frente legal que pondría en entredicho la validez de sus decisiones administrativas. En este caso, el debate no gira en torno a trayectorias políticas, sino al cumplimiento de la ley y a los límites que marca una resolución judicial que sigue vigente.