ZACATECAS, ZAC.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, lanzó fuertes señalamientos contra las autoridades de San Luis Potosí por su actuación durante los hechos de inseguridad que involucraron al alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y a dos familias originarias de Zacatecas, quienes fueron víctimas de un grupo de cuatro hombres armados.

De acuerdo con la versión del mandatario zacatecano, los acontecimientos tuvieron su origen en el robo cometido contra un médico y su familia en la zona de Venegas, perteneciente a San Luis Potosí. Este hecho habría derivado posteriormente en el asalto al presidente municipal de Río Bravo.

Monreal Ávila aseguró que el rescate de la primera familia se concretó con éxito; sin embargo, denunció que durante las acciones para localizar y rescatar al alcalde se presentaron obstáculos por parte de elementos de seguridad de San Luis Potosí, situación que calificó como preocupante.

El gobernador no se limitó a señalar las presuntas irregularidades, sino que lanzó un reclamo directo a las autoridades potosinas, a quienes exigió asumir su responsabilidad y no evadir el problema.

En ese sentido, les pidió no «esconder la cabeza como las avestruces», al considerar que la gravedad de lo ocurrido demanda coordinación, transparencia y respuestas claras, en lugar de omisiones entre corporaciones.

Los señalamientos de David Monreal colocan bajo cuestionamiento la actuación de las instituciones de seguridad de San Luis Potosí, particularmente por las presuntas dificultades que, según su versión, enfrentaron las labores de rescate del alcalde tamaulipeco.

El mandatario zacatecano insistió en que estos hechos no pueden quedar sin explicación y llamó a las autoridades involucradas a esclarecer lo sucedido, deslindar responsabilidades y garantizar que la coordinación entre estados no se convierta en un obstáculo cuando está en riesgo la vida de las personas.

La exigencia de fondo es clara: ante la violencia y la actuación de grupos armados, las diferencias entre corporaciones o gobiernos no pueden estar por encima de la seguridad de los ciudadanos.