ECODIARIO

WASHINGTON, EE.UU.- En los pasillos del poder en Washington, una instrucción encendió alertas diplomáticas. La oficina legal del Departamento de Estado recibió este día la orden de revisar todas las implicaciones jurídicas disponibles que podrían ser utilizadas por el gobierno del presidente Donald Trump para justificar una eventual intervención militar en México contra los cárteles de la droga.

La revisión no implica una decisión inmediata ni una operación en marcha, pero sí confirma que el tema ha escalado a un nivel formal dentro del aparato gubernamental estadounidense. El análisis contempla marcos de derecho interno, tratados internacionales, precedentes históricos y posibles escenarios que permitan argumentar el uso de la fuerza más allá de las fronteras estadounidenses.

El planteamiento surge en un contexto de presión política interna en Estados Unidos, donde sectores cercanos a Trump han insistido en clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a facultades extraordinarias para el Ejecutivo en materia de seguridad nacional. Bajo esa lógica, el combate al narcotráfico dejaría de ser un asunto de cooperación bilateral para convertirse en una amenaza directa a la seguridad estadounidense.

Sin embargo, el camino legal es complejo. Cualquier acción militar en territorio mexicano sin consentimiento expreso del Estado mexicano confrontaría principios básicos del derecho internacional, como la soberanía nacional y la prohibición del uso de la fuerza. Por ello, el encargo al área jurídica apunta a identificar grietas legales, interpretaciones ampliadas o escenarios excepcionales que puedan ser utilizados como argumento.

Desde México, la postura histórica ha sido de rechazo absoluto a la presencia de fuerzas militares extranjeras en su territorio. La cooperación en materia de seguridad se ha limitado a intercambio de información, capacitación y acciones conjuntas bajo acuerdos específicos, sin operaciones armadas unilaterales.

El análisis legal ocurre mientras la violencia ligada al narcotráfico sigue siendo un tema central en la relación bilateral y en el discurso político estadounidense. Más allá de si la intervención se concreta o no, el solo hecho de que se evalúe formalmente coloca a la relación México–Estados Unidos en un punto de tensión delicado.

Por ahora, el estudio jurídico avanza lejos del escrutinio público, pero su existencia confirma que el debate dejó de ser retórico. En el fondo, no solo se discute cómo enfrentar a los cárteles, sino hasta dónde puede llegar el poder de un gobierno cuando la seguridad se convierte en argumento para cruzar fronteras.