TEXTO Y FOTO: MERARI MARTÍNEZ

ZACATECAS, ZAC.- La publicación de la nueva Ley del Notariado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado encendió la inconformidad dentro del gremio notarial. La normativa abre la puerta a la designación directa de notarías, un cambio que los fedatarios consideran un retroceso y que ya perfila una batalla legal.

El notario Jaime Arturo Casas Madero, titular de la Notaría Pública número 42, informó que el gremio promoverá juicios de amparo con el objetivo de invalidar el decreto. A su juicio, se trata de una reforma innecesaria que debilita el marco jurídico y administrativo, al otorgar facultades discrecionales que afectan la legitimidad del poder público.

Casas Madero cuestionó que la nueva legislación permita el nombramiento de personas que no cuentan con la formación profesional adecuada para ejercer la función notarial, lo que calificó como una incongruencia. Para ilustrar su postura, comparó el escenario con permitir que un estudiante de medicina realice una cirugía antes de concluir su preparación.

El fedatario también lamentó la falta de diálogo por parte de las autoridades estatales. Aseguró que, pese a los intentos históricos del gremio por entablar comunicación con el gobernador David Monreal Ávila, no hubo respuesta favorable. Dijo que esta situación se repitió con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien habría señalado no poder atenderlos.

Respecto a las declaraciones del secretario general, quien afirmó que la asignación de notarías ha sido “históricamente un coto de poder”, el notario rechazó dicha postura y consideró que refleja un desconocimiento sobre la función y la responsabilidad social del notariado.

“No se aprecia claridad sobre lo que están haciendo ni sobre quién los asesora, ya que en ningún momento se acercaron al gremio”, expresó.

Finalmente, Casas Madero reiteró que los fedatarios públicos actúan como una extensión del Estado y advirtió que una reforma aprobada sin diálogo ni consenso solo contribuye a incrementar la incertidumbre jurídica en la entidad.