En Zacatecas, el calendario electoral parece avanzar más despacio que las ambiciones políticas. Todavía no comienzan formalmente las campañas de 2027, pero algunos aspirantes ya ocupan espectaculares, bardas y espacios publicitarios. Sus rostros aparecen por todas partes, mientras una pregunta permanece sin respuesta: ¿quién está pagando esa publicidad?

Porque los espectaculares no crecen como flores después de la lluvia. Tienen costos de diseño, impresión, instalación y contratación. Detrás de cada fotografía sonriente existe una factura que alguien debería poder explicar.

La publicidad política no es necesariamente ilegal fuera de los periodos electorales. Sin embargo, cuando se utiliza para posicionar aspiraciones personales, surgen interrogantes legítimas sobre su financiamiento, sus objetivos y el cumplimiento de las disposiciones electorales.

¿Son recursos propios? ¿Aportaciones privadas? ¿Dinero de estructuras partidistas? ¿Existe algún vínculo con presupuestos públicos?

No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas, sino de exigir transparencia.

En Zacatecas, donde numerosas familias enfrentan dificultades económicas, resulta inevitable contrastar las enormes imágenes publicitarias con las necesidades cotidianas de la población. Mientras algunos rostros iluminan las avenidas, muchas calles siguen esperando alumbrado, mantenimiento y servicios dignos.

La política no debería convertirse en una competencia para ver quién compra más metros de visibilidad.

Un espectacular puede vender una imagen, pero difícilmente demuestra capacidad para gobernar. La popularidad fabricada mediante publicidad tampoco sustituye la trayectoria, las propuestas ni la rendición de cuentas.

Hay otra cuestión que merece atención: la ventaja que podría representar una exposición anticipada frente a quienes respetan los tiempos establecidos.

Si todos deben competir bajo las mismas reglas, ¿por qué algunos parecen haber arrancado mientras otros todavía esperan la señal de salida?

Las autoridades electorales tienen la responsabilidad de analizar las denuncias, investigar posibles irregularidades y determinar, con pruebas, si existen infracciones. La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a preguntar sin que esas preguntas sean interpretadas como ataques.

La democracia necesita ventanas abiertas, no cortinas que oculten el origen del dinero.

Por eso sería saludable conocer cuánto cuesta cada campaña publicitaria, quién la contrata, quién la financia y cuáles son sus mecanismos de comprobación.

Porque cuando el dinero habla demasiado fuerte, las propuestas corren el riesgo de quedarse sin voz.

Zacatecas merece una contienda donde las ideas pesen más que las estructuras metálicas y donde ningún aspirante confunda presencia publicitaria con respaldo ciudadano.

Al final, la pregunta no es solamente quién aparece en los espectaculares.

La pregunta verdaderamente importante es quién paga la cuenta y qué espera recibir a cambio.