CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la desaparición de unos 15 millones de pesos de las cuentas de ahorradores del Banco del Bienestar en Villa González Ortega, Zacatecas, la legisladora federal Noemí Luna presentó en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para exigir al Gobierno de México una investigación exhaustiva y la restitución del dinero a las personas afectadas.

La legisladora vicecoordinadora de la fracción panista calificó el caso como otro escándalo que exhibe las contradicciones del discurso de honestidad de Morena y la falta de controles en una institución financiera que debería garantizar la protección del patrimonio de sus usuarias y usuarios.

Señaló que, de acuerdo con información difundida en medios de comunicación, numerosos cuentahabientes encontraron sus saldos desaparecidos sin explicación, situación que generó desconfianza y llevó a varios de ellos a retirar sus recursos y cerrar sus cuentas.

Lamentó que las víctimas sean habitantes de uno de los municipios más golpeados por la pobreza en Zacatecas, personas que ahorraron peso a peso y hoy enfrentan la incertidumbre de haber perdido el fruto de su trabajo. Y criticó que situaciones como esta se hayan presentado también en otras entidades.

Indicó que algunos usuarios señalan a una trabajadora de la sucursal de Villa González Ortega como presunta responsable, por lo que exigió investigar a fondo su posible participación y la de cualquier otro involucrado, sin encubrimientos ni impunidad.

Noemí Luna subrayó que el Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar la honorabilidad del personal que contrata y supervisar el funcionamiento de sus instituciones. Por ello, demandó mejorar los sistemas de vigilancia, seguridad y selección de trabajadores para no abrirles las puertas a los ladrones.

Advirtió que la responsabilidad de proteger el dinero de la ciudadanía corresponde al Gobierno de la República, particularmente en una institución que concentra la dispersión de alrededor de un billón de pesos en programas sociales.

Finalmente, exigió que se devuelvan íntegramente los ahorros a las víctimas, se castigue a los responsables y se corrijan las fallas institucionales para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.