ZACATECAS, ZAC.- La fiscalización de los procedimientos de contratación, las adjudicaciones directas, la entrega de obras públicas y las condiciones del parque vehicular estatal fueron algunos de los temas cuestionados al secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, durante su comparecencia ante la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, como parte de la glosa del Quinto Informe del gobernador David Monreal Ávila.

Durante la sesión de este lunes 26 de octubre, los diputados solicitaron información sobre las investigaciones relacionadas con contrataciones gubernamentales, las sanciones por faltas administrativas graves, las deficiencias detectadas en municipios y la situación de organismos laborales sujetos a investigaciones. También se cuestionó la transparencia en el uso de recursos públicos y la capacidad de vigilancia de las instancias fiscalizadoras.

La diputada Renata Libertad Ávila Valadez reconoció los resultados de la fiscalización federal, pero advirtió que estos no descartan riesgos de corrupción, por lo que pidió mantener una vigilancia permanente y garantizar la transparencia.

En referencia a un reportaje periodístico sobre procedimientos de contratación del Gobierno estatal, solicitó precisar cuántos casos señalados han sido investigados, qué criterios se utilizaron para evaluar las descalificaciones de participantes y cuándo se harán públicos los resultados. También pidió explicar los mecanismos de vigilancia aplicados en concursos donde únicamente se presentó una propuesta.

La legisladora preguntó, además, cómo se contrataron las obras del programa Mundial Social, qué dictámenes respaldan las adjudicaciones directas y cómo verifica la dependencia que los trabajos se entreguen conforme a las condiciones pactadas. Otro de sus cuestionamientos se centró en el estado del parque vehicular de Protección Civil Estatal, ante incidentes que, señaló, han puesto en riesgo la integridad del personal.

Por su parte, el diputado Eleuterio Ramos Leal consideró que la Secretaría de la Función Pública cumple con sus responsabilidades, pero pidió conocer cuántas personas han sido sancionadas por faltas graves, cuáles fueron las conductas identificadas y qué estrategia se implementará para reducir su incidencia.

También planteó la necesidad de acortar los tiempos de resolución de los procedimientos para que las dependencias puedan corregir ineficiencias, ineficacias o posibles actos de corrupción.

Preguntó por el avance de las investigaciones que mantienen bajo suspensión precautoria a la Junta de Conciliación y Arbitraje y al Tribunal de Justicia Laboral Burocrático, así como por las irregularidades más recurrentes en los municipios y la relación de la SFP con los órganos internos de control (OIC).

La presidenta de la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, Ma. Teresa López García, entregó al funcionario una serie de preguntas elaboradas previamente por los integrantes de ese órgano legislativo y solicitó que las respuestas fueran proporcionadas por escrito.

López García destacó el acercamiento de la Comisión con los OIC municipales, aunque señaló que persisten carencias de información. Asimismo, lamentó las condiciones del parque vehicular de la administración pública estatal y cuestionó las rifas de vehículos que realiza el gobernador durante los foros que encabeza.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene entre sus atribuciones fiscalizar el gasto público, vigilar las contrataciones y la obra pública, investigar posibles responsabilidades administrativas y coordinar los órganos internos de control.

Los cuestionamientos legislativos se centraron en la necesidad de conocer no solo los resultados de las auditorías, sino también el seguimiento de las denuncias, las sanciones aplicadas y la transparencia de los procedimientos de contratación. Al cierre de la información proporcionada, no se detallan las respuestas del secretario a cada uno de los planteamientos.