ZACATECAS, ZAC.- Organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, feministas y sociales agrupadas en la Intersectorial de Movimientos Sociales denunciaron presuntos actos de represión contra manifestantes, exigieron el retiro de procesos judiciales iniciados tras las movilizaciones del pasado 9 de mayo y plantearon una agenda de transformación social para el estado.

El documento fue leído por la activista Irma Rosa Hernández Ríos, quien señaló que diversos sectores sociales han enfrentado indiferencia institucional, estigmatización e incluso represión durante sus procesos de organización y protesta.

“La apertura de carpetas de investigación contra personas manifestantes contrasta con la lentitud y opacidad con la que históricamente se investigan diversos abusos cometidos por autoridades”, expresó.

La Intersectorial sostuvo que cualquier investigación relacionada con los hechos ocurridos durante las movilizaciones del 9 de mayo debe incluir revisiones independientes sobre la actuación policial, las cadenas de mando y posibles violaciones a derechos humanos.

Entre sus principales demandas figura el “no ejercicio de la acción penal” y el retiro inmediato de las carpetas de investigación iniciadas contra líderes campesinos, activistas, estudiantes, docentes, personas jubiladas y otros participantes en las movilizaciones sociales.

Asimismo, solicitaron investigaciones “imparciales, exhaustivas y con perspectiva de derechos humanos y de género” contra funcionarios y mandos policiales que, a su consideración, habrían ordenado, permitido u omitido acciones que derivaron en actos de represión.

En materia económica y social, el frente planteó la necesidad de una transformación profunda del modelo de desarrollo estatal y nacional, con mayor participación de comunidades, productores, universidades públicas y organizaciones civiles.

“Defendemos un campo productivo que garantice soberanía alimentaria y fortalezca el mercado interno colocando en el centro las necesidades alimentarias del pueblo mexicano y no solamente las lógicas de exportación”, señalaron.

El posicionamiento también incluye propuestas para fortalecer la educación pública, rescatar financieramente a las universidades estatales, revisar el sistema de seguridad social, fortalecer los servicios de salud y generar oportunidades económicas para las juventudes en sus comunidades de origen.

Respecto al sector agropecuario, exigieron el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el programa de acopio de frijol para el bienestar. Denunciaron retrasos en la emisión de boletas necesarias para el pago a productores y solicitaron una auditoría independiente al programa correspondiente al ciclo productivo 2025.

“Cumplimiento inmediato, total y sin simulaciones de los acuerdos firmados con el sector campesino para el acopio y pago del frijol”, demandaron.

De igual forma, pidieron redefinir las políticas de apoyo al campo bajo criterios de soberanía alimentaria y desarrollo regional sustentable, además de excluir el capítulo agropecuario del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al que atribuyen parte de la descapitalización del campo mexicano.

En el apartado político, la Intersectorial demandó investigaciones contra el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; y el director de Policía de Seguridad Vial, Osvaldo Caldera Murillo, por su presunta responsabilidad en operativos contra movimientos sociales registrados el 8 de marzo de 2024, el 8 de septiembre de 2025 y el 9 de mayo de 2026.

Asimismo, solicitaron al Poder Legislativo iniciar un juicio político contra el gobernador David Monreal Ávila, a quien consideran responsable de la política estatal.

Las organizaciones denunciaron además que distintos gobiernos han mantenido prácticas de exclusión mediante “discursos, promesas incumplidas y simulaciones políticas”, situación que, afirmaron, ha afectado particularmente a mujeres rurales, madres trabajadoras, juventudes, personas adultas mayores y comunidades del medio rural.

Durante la conferencia, integrantes del movimiento aclararon que existe disposición para dialogar con productores que han manifestado inconformidades respecto a los mecanismos de pago del frijol, y rechazaron que se responsabilice a organizaciones campesinas de irregularidades que atribuyen a la operación gubernamental del programa.

También advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos establecidos con el sector campesino y si continúa la judicialización de integrantes de movimientos sociales, fortalecerán sus acciones de organización y movilización pacífica.

“No buscamos confrontación gratuita, buscamos justicia, verdad, reparación y dignidad”, afirmaron.

Los representantes informaron que el pronunciamiento será entregado formalmente al Gobierno del Estado, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, anunciaron que participarán en mesas nacionales convocadas por el Barzón Nacional y el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano para discutir problemáticas estructurales del sector agropecuario.

La Intersectorial está integrada por más de una veintena de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, feministas y campesinas, entre ellas sindicatos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del magisterio, del sector salud, organizaciones de productores y colectivos ciudadanos. Según sus integrantes, el objetivo es construir una agenda común que permita incidir en las políticas públicas y en la asignación presupuestal para los distintos sectores sociales de Zacatecas.