CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal Noemí Luna exigió al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) explicaciones públicas, transparentes y jurídicamente sustentadas sobre la suspensión temporal de la jueza zacatecana María Citlallic Vizcaya Zamudio, dictada el pasado 7 de octubre, después de que emitiera resoluciones contra actos del Gobierno de Zacatecas.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) cuestionó que, a 14 días de la medida, no exista información pública suficiente sobre las presuntas irregularidades atribuidas a la juzgadora. Aclaró que no se opone a investigar y sancionar faltas judiciales, siempre que existan pruebas y se respete el debido proceso.

La legisladora coincidió con agrupaciones que han manifestado su respaldo a Vizcaya Zamudio y expresó su solidaridad con la jueza, quien denunció presiones durante el ejercicio de su función judicial.

Noemí Luna consideró que la suspensión podría afectar la independencia judicial y los contrapesos constitucionales. Asimismo, acusó al órgano disciplinario de actuar como instrumento de control político y ejercer presión contra quienes emiten resoluciones contrarias a los intereses gubernamentales.

La diputada recordó que Vizcaya Zamudio concedió suspensiones de amparo que detuvieron trabajos relacionados con la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano, proyecto del Gobierno de David Monreal Ávila.

También hizo referencia al costo de 3 mil 500 millones de pesos atribuido a la obra, correspondiente a un tramo de tres kilómetros, así como a los cuestionamientos políticos sobre el proyecto, al que sus críticos han denominado «negocio familiar» y «robo del siglo».

La medida disciplinaria se relaciona formalmente con presuntas irregularidades en procedimientos de amparo, aunque Luna insistió en que el tribunal debe informar con claridad sobre los señalamientos que motivaron la suspensión.

La jueza también emitió resoluciones que frenaron la construcción de la presa Milpillas ante inconformidades de ejidatarios, además de otorgar amparos a pensionados y derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), en medio de la controversia por la reforma al sistema de pensiones y la intención del Gobierno estatal de desaparecer el organismo.