ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- Abrir una botella de agua parece un gesto cotidiano e inofensivo. Sin embargo, detrás de ese hábito diario podría esconderse un riesgo silencioso para la salud. Bajo esa premisa, la senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, llamó a reducir el consumo de agua embotellada para evitar la ingesta de micro y nanoplásticos.

La legisladora presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en el que solicita a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsar estudios, evaluaciones y acciones preventivas sobre los posibles efectos de estas partículas en el cuerpo humano. El planteamiento surge ante evidencia científica que advierte que el agua embotellada contiene mayores concentraciones de microplásticos que el agua de grifo.

En su propuesta, Bañuelos también pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua desarrollar y actualizar criterios técnicos para medir, identificar y, en su caso, limitar la presencia de micro y nanoplásticos en el agua que se comercializa en el país, un aspecto que actualmente no está regulado de manera específica.

La senadora señaló que en México el consumo de agua embotellada se ha incrementado por deficiencias históricas en la infraestructura hidráulica y por la desigualdad en el acceso al agua potable segura. Esa dependencia, advirtió, no solo tiene un impacto ambiental por el uso masivo de plásticos de un solo uso, sino que también abre la puerta a riesgos sanitarios poco visibles.

De acuerdo con estudios médicos citados en el documento, estas partículas pueden ingresar al torrente sanguíneo y alcanzar órganos vitales, con posibles efectos como inflamación crónica, alteraciones hormonales, problemas reproductivos y daños neurológicos.

La legisladora subrayó que el acceso al agua potable segura y de calidad es un derecho humano reconocido en la Constitución y que no debe depender de la capacidad de compra ni de un modelo de consumo que normaliza riesgos invisibles. En ese sentido, sostuvo que corresponde al Estado actuar de manera preventiva y fortalecer políticas públicas que garanticen agua segura como un bien público y no como un producto condicionado al mercado