No atiende policía municipal reportes de redes sociales, admite Acosta Pozos

Rocío Pedroza

TEXTO Y FOTO: CECILIA PALACIOS


FRESNILLO, ZAC.- En un contexto donde la rapidez puede marcar la diferencia entre prevenir o lamentar un hecho violento, la Policía Municipal de Fresnillo reconoce límites claros en su capacidad de respuesta. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Acosta Pozos, afirmó que cualquier reporte o video difundido en redes sociales carece de validez para generar una intervención oficial.

El funcionario explicó que, aunque existe una percepción ciudadana de respuesta inmediata a partir de denuncias digitales, la corporación se rige por protocolos que exigen una denuncia formal para actuar. Bajo ese esquema, las publicaciones en redes sociales no son consideradas un canal legítimo para activar operativos policiales.

Acosta Pozos señaló que, pese a esta postura, la estrategia de proximidad encabezada por Javier Torres Rodríguez ha tenido resultados positivos para la corporación. Sin embargo, reconoció una debilidad institucional que ha generado inconformidad entre la población: la línea telefónica directa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encuentra inactiva.

Aunque admitió que el sistema estatal de emergencias presenta fallas constantes, la corporación no ha habilitado vías alternas de comunicación. En su lugar, toda la atención se canaliza a través del número 911, un servicio que, según quejas ciudadanas, suele operar con saturación y retrasos.

Bajo el argumento de “trabajos internos”, la corporación cortó el contacto directo con la ciudadanía, dejando la totalidad de los reportes en manos del sistema de emergencias estatal. El propio secretario reconoció que, aunque serían necesarias otras formas de comunicación, actualmente dependen por completo de la canalización externa.

“Si no hay una denuncia correspondiente, difícilmente podrá intervenir la policía”, admitió el funcionario, una declaración que deja al descubierto la brecha entre la urgencia ciudadana y la rigidez de un protocolo que, para muchos habitantes, ya no responde a la realidad cotidiana de la seguridad en el municipio.

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