Ciudad de México.— La organización Unión Mujer, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California presentaron el proyecto “Protocolo Seguro”, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta institucional, especialmente en el sector salud.

El proyecto surge en un contexto de incremento en la violencia de género. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) señala que el 70 por ciento de las mujeres encuestadas ha vivido al menos una situación de violencia.

Además, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre 2015 y 2025 se registraron incrementos de 156 por ciento en violencia sexual, 109 por ciento en violencia familiar y 297 por ciento en delitos relacionados con violencia de género, lo que evidencia el crecimiento de esta problemática durante la última década.

Datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que entre 2019 y 2024 un total de 504 mil 661 mujeres acudieron a una instancia médica debido a lesiones causadas por violencia familiar. Tan solo en 2024, el 16 por ciento de las mujeres que acudieron al médico por alguna lesión lo hizo a causa de este tipo de agresiones.

Sin embargo, la mayoría de estos casos no llega a las autoridades. Según el mismo organismo, solo el 20 por ciento de las víctimas solicita apoyo o presenta una denuncia, mientras que apenas el 13 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia de pareja acudieron a alguna institución.

Entre las principales razones de la baja denuncia se encuentran el miedo a no ser creídas, el temor a ser juzgadas o la percepción de que no recibirán ayuda, factores que reflejan barreras institucionales que dificultan la detección oportuna y pueden derivar en procesos de revictimización.

Ante este panorama, el “Protocolo Seguro” busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar, atender y canalizar adecuadamente casos de violencia física y sexual mediante herramientas formativas y de apoyo práctico para el personal que tiene contacto directo con las víctimas.

El proyecto contempla dos líneas de acción principales. La primera consiste en el desarrollo de materiales audiovisuales informativos y de sensibilización dirigidos al personal institucional para mejorar la identificación de signos de violencia y promover una atención adecuada. La segunda es el diseño de una herramienta práctica que facilite la detección, actuación y canalización de casos, con un enfoque centrado en la persona y libre de revictimización.

Entre los objetivos del protocolo se encuentran facilitar la identificación temprana de casos desde el primer contacto institucional, fortalecer la aplicación de protocolos y normativa vigente, mejorar la coordinación entre áreas de salud, trabajo social y seguridad, y promover una atención ética, empática y respetuosa de los derechos humanos.

Aunque inicialmente el protocolo está dirigido al personal de salud hospitalario, sus impulsores prevén ampliar su aplicación a otros ámbitos institucionales, como profesionales de trabajo social y psicología, personal administrativo, paramédicos, personal de primer contacto, así como guardias y personal de seguridad.

Con esta iniciativa, las organizaciones participantes buscan transformar las normas existentes en acciones concretas que permitan fortalecer la capacidad de las instituciones para proteger vidas, prevenir violencias y garantizar una atención digna a mujeres víctimas de violencia.