Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.

“El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a quienes ha decidido encerrar.” Fiódor Dostoyevski

Hay días en que un comunicado dice más por su tono que por su contenido. Este es uno de esos días.

El mensaje 14/2026 no informa, se felicita, celebra. Se escribe desde el entusiasmo del que siente que ganó algo. Y ahí está el problema. Porque cuando una ministra de la Suprema Corte habla como vencedora, algo se desacomoda en la arquitectura del Estado de derecho.

La ministra Lenia Batres calificó como “triunfo histórico” el desistimiento de un amparo. No es el fondo lo que inquieta. Que se paguen impuestos es obvio; que los litigios terminen, también. Lo inquietante es el festejo. Un tribunal constitucional no triunfa, no pierde, no celebra. Resuelve y guarda distancia. Esa distancia es lo único que lo separa de la política.

Cuando la Corte aplaude, deja de ser árbitro y empieza a parecer jugador. Y en un país como México, eso no es un desliz retórico. Es una señal.

La llamada “nueva” Corte parece haber entendido que ya no basta con decidir. Ahora también hay que narrar, identificar villanos, señalar quién cumplió y quién resistió. La justicia, convertida en relato. El derecho, reducido a moraleja. El mensaje es sencillo y brutal. No importa lo que alegues. Importa si estás del lado correcto de la historia oficial.

Aquí es donde Dostoyevski deja de ser una cita elegante y se vuelve incómodo. En México, hoy el grado de civilización podría medirse por el trato que se da a las víctimas del propio proyecto transformador. Jueces de carrera cesados, otros esperando su turno en 2027. Pero no solo ellos. También ciudadanos, periodistas, académicos, empresarios, servidores públicos. Gente común que no cree, no milita o simplemente no aplaude. Todos convertidos en sospechosos por no encajar en un discurso que se presenta como moralmente superior.

La analogía es dura. Pero es real.

Ya no se discute, se expone; no se argumenta, se descalifica; no se persuade, se empuja al paredón del discurso público. Hoy es un crédito fiscal. Ayer fueron los jueces. Mañana puede ser cualquiera que incomode. El patrón es el mismo.

Por eso este comunicado no es pedagógico. Es ejemplarizante. No busca explicar el derecho, busca advertir. Mostrar qué pasa cuando el poder decide que también puede juzgar moralmente desde la toga. Y eso es peligroso, porque normaliza la idea de que la justicia puede vengarse y además celebrarlo.

El problema no es un tuit ni un caso concreto. Es el clima que se va construyendo. Un país donde el poder aplaude y espera aplauso. Donde disentir tiene costo. Donde la justicia empieza a gustar de ser popular.

Y ahí está el cierre, inevitable e incómodo. Cuando la Corte adopta el lenguaje del poder, cuando el gobierno decide quién merece reconocimiento y quién merece sospecha, el problema deja de ser jurídico. Se vuelve político. Y algo peor. Civilizatorio. Porque la historia siempre termina demostrando lo mismo. Las democracias no se rompen cuando castigan a sus enemigos. Se rompen cuando convierten a la justicia en un aplauso obligatorio.

Si crees que la justicia debe incomodar al poder y no celebrarlo, te invito a seguir la conversación, disentir y pensar juntos en mis redes como Carlos Alvarado. El derecho también se defiende hablando.