Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez

"Es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla". Joseph Joubert

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió recientemente algo que debería ser básico en cualquier Estado de derecho que todavía se tome en serio. Las sentencias firmes no se reabren. Lo juzgado se queda juzgado. No porque sea bonito, sino porque sin cosa juzgada no hay certeza, y sin certeza el derecho se vuelve una ruleta. En ese punto, la Corte cumplió. Hizo su trabajo y puso un límite. En México, eso ya es bastante.

El problema empezó cuando el asunto estaba cerrado y alguien decidió que no lo estaba. Un apartado del proyecto fue rechazado por la mayoría del Pleno. Siete ministros votaron en contra. No fue un empate técnico ni una duda marginal. Fue un no claro. Aun así, Lenia Batres Guadarrama sostuvo que el texto debía publicarse tal como ella lo había redactado. No porque hubiera convencido. No porque fuera indispensable. Simplemente porque era su proyecto.

Ahí el derecho empezó a crujir. Porque una cosa es sostener una postura y otra actuar como si la votación fuera un trámite menor. Como si el Pleno fuera una formalidad incómoda. Como si la sentencia tuviera dueño. En la Suprema Corte no se escriben ensayos personales. Se construyen decisiones colegiadas que obligan a todos, empezando por quienes las firman.

El párrafo rechazado hablaba de cosa juzgada fraudulenta. Un concepto serio, excepcional y delicado. Nadie lo estaba discutiendo. Nadie lo necesitaba para resolver el caso. Aun así, se intentó dejar ahí. No como aclaración técnica, sino como mensaje. En el México jurídico de hoy, cuando una puerta se cierra, siempre hay quien quiere dejar una rendija por si mañana conviene empujarla.

El ministro en retiro Javier Laynez Potisek recordó algo elemental que hoy parece necesario repetir. La ponencia no es propiedad privada. El ponente propone, argumenta y trata de convencer. Si no lo logra, corrige. Así funciona un tribunal constitucional. No es una postura ideológica. Es entender las reglas del juego.

La contradicción es evidente. Se habla de justicia democrática, pero se ignora la regla básica de la mayoría. Se invoca al pueblo, pero se desprecia la decisión del Pleno. Se presume compromiso social, pero se juega con la certeza jurídica. Todo con un discurso que suena firme y una técnica que se vuelve frágil.

Este episodio no es menor. Refleja una forma de entender el poder jurídico donde la voluntad personal empieza a pesar más que el procedimiento. Donde ceder se ve como debilidad y corregir como derrota. Así, poco a poco, el derecho deja de ser límite y se vuelve instrumento.

Hoy fue un párrafo. Mañana puede ser un criterio. Después, una garantía. No por conspiración, sino por costumbre. Porque cuando la Corte deja de corregirse a sí misma, deja de dar certeza y empieza a producir espectáculo.

Las sentencias no pertenecen a quien las escribe. Pertenecen a la Constitución y a la sociedad que necesita reglas claras, no gestos de autoridad. Cuando eso se olvida, el problema deja de ser jurídico.

Es político.