ZACATECAS, ZAC.- Exigen frenar las medidas de movilidad laboral, ampliar la infraestructura judicial y garantizar que los trabajadores de Michoacán puedan manifestarse sin amenazas ni investigaciones por sus protestas.

Con un llamado a frenar las acciones que consideran intimidatorias y a respetar el derecho a la protesta, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Zacatecas ratificaron el pliego petitorio presentado el 21 de octubre y refrendaron su respaldo a sus compañeros del XI Circuito, en Michoacán, donde continúan las movilizaciones en demanda de mejores condiciones laborales.

Durante un pronunciamiento público, integrantes del XXIII Circuito señalaron que su protesta forma parte de una movilización nacional en la que participan trabajadores de los 32 circuitos judiciales, unidos en solidaridad con quienes mantienen las manifestaciones en Michoacán.

José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la sección 6 del Sindicato de Trabajadores del PJF, denunció que Nélida Elvira Ríos, delegada del Sindicato Renovación del Poder Judicial de la Federación, fue citada a declarar ante una investigación derivada de una denuncia presentada por el Órgano de Administración Judicial ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con el paro de labores y las protestas en aquella entidad.

El dirigente sindical sostuvo que la apertura de la carpeta de investigación constituye, desde la perspectiva de los trabajadores, un intento de intimidación que pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales.

“Esto es una represión total a la libertad de expresión, al derecho a la libre manifestación”, afirmó Méndez de Lira, al advertir que las acciones emprendidas contra sus compañeros pueden enviar un mensaje de advertencia a quienes decidan sumarse a las movilizaciones.

Los trabajadores exigieron que las protestas laborales no sean motivo de amenazas, presencia policial o investigaciones que, aseguran, puedan inhibir la participación de la base trabajadora. Asimismo, demandaron que las autoridades respeten la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, sin criminalizar las inconformidades del personal judicial.

Además de expresar su solidaridad con Michoacán, los trabajadores zacatecanos reiteraron su rechazo a las medidas de movilidad laboral que, señalaron, se pretende implementar dentro del Poder Judicial. Consideraron que trasladar al personal de un lugar a otro no resuelve el rezago ni atiende de fondo la creciente demanda de servicios de justicia.

En contraste, plantearon la necesidad de crear más tribunales y centros de justicia, con infraestructura y personal suficientes para responder a la carga de trabajo que enfrentan los órganos jurisdiccionales.

“Las estadísticas demandan la duplicación y triplicación de los órganos jurisdiccionales”, expusieron, al defender que el fortalecimiento de la estructura judicial debe ser la respuesta a las necesidades del servicio, en lugar de recurrir a medidas que impliquen el desplazamiento de trabajadores.

Méndez de Lira insistió en que las decisiones administrativas deben sustentarse en datos y considerar las condiciones reales de quienes integran el Poder Judicial. Por ello, pidió a las autoridades escuchar las propuestas de la base laboral antes de aplicar cambios que, desde su perspectiva, no atienden las causas del problema.

Los manifestantes convocaron a los trabajadores de los 32 circuitos a mantener la unidad y la solidaridad frente a las inconformidades laborales. También exigieron que sus compañeros de Michoacán puedan continuar con sus movilizaciones sin presiones que limiten su participación.

Con la consigna “¡No represión, libertad de expresión!”, los integrantes del XXIII Circuito reiteraron que mantendrán su respaldo a las demandas laborales y a la defensa del derecho de protesta.

El pronunciamiento coloca en el centro de la disputa dos exigencias: garantías para que los trabajadores puedan expresar sus inconformidades sin temor a represalias y una solución estructural a las necesidades del sistema judicial, mediante la ampliación de tribunales y centros de justicia, en lugar de medidas de movilidad laboral que rechazan.