DEROGAN REFORMA QUE OBLIGABA A SECRETARIOS A SEPARARSE DE SU CARGO PARA CONTENDER POR DIPUTACIÓN LOCAL
La modificación constitucional fue aprobada este miércoles con 20 votos a favor y 8 en contra durante una sesión celebrada nuevamente en el auditorio del Museo Felguérez, sede alterna habilitada debido a que el edificio del Congreso del Estado permanece tomado por maestros de telesecundaria que mantienen diversas demandas laborales.
ZACATECAS, ZAC.– Tras un álgido debate que se prolongó por más tres horas horas y una serie de confrontaciones entre legisladores oficialistas y de oposición sobre el procedimiento legislativo, la LXV Legislatura del Estado aprobó la derogación de la reforma constitucional que obligaba a secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo a separarse de sus cargos un año antes de la elección para poder contender por una diputación local.
La modificación constitucional fue aprobada este miércoles con 20 votos a favor y 8 en contra durante una sesión celebrada nuevamente en el auditorio del Museo Felguérez, sede alterna habilitada debido a que el edificio del Congreso del Estado permanece tomado por maestros de telesecundaria que mantienen diversas demandas laborales.
La disposición eliminada había sido incorporada durante la reforma constitucional relacionada con el Poder Judicial y establecía restricciones para integrantes del gabinete estatal interesados en participar en procesos electorales para integrar el Poder Legislativo. En el ámbito político local, la medida fue identificada por diversos actores como la denominada “Ley Santos”.
La discusión estuvo precedida por una controversia en torno a la permanencia del dictamen en el orden del día. Inicialmente, la Comisión de Puntos Constitucionales solicitó retirar el documento para devolverlo a análisis y profundizar su estudio.
Durante el debate, el diputado Santos González rechazó que la reforma vigente estableciera la obligación de renunciar al cargo para participar en una elección, sostuvo desde tribuna.
Asimismo, señaló que actualmente existen funcionarios estatales realizando actividades institucionales en distintas regiones del estado y afirmó que observa a secretarios como Bennelly Hernández recorriendo territorio para aplicar políticas públicas, “no somos iguales, no nos gana la ambición”, expresó.
El legislador también solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva,Maritere López asometer a consideración del Pleno la propuesta para retirar el dictamen del orden del día y devolverlo a la comisión dictaminadora con el propósito de realizar un análisis más profundo.
La petición generó inconformidad entre integrantes de la oposición. La diputada Dayanne Cruz cuestionó el procedimiento seguido por la Comisión de Puntos Constitucionales y preguntó cuándo se había convocado a la reunión en la que se acordó solicitar el retiro del dictamen.
La legisladora aseguró que no fue convocada a dicha sesión y denunció presunta violencia política en razón de género por no haber sido incluida en los trabajos de la comisión. Durante su intervención manifestó,” ¡ya basta de legislar en lo oscurito!”.
Por su parte, las diputadas Isadora Santiváñez y Dayanne Cruz solicitaron a la Mesa Directiva que no se diera trámite a la petición de retirar el dictamen del orden del día y demandaron la aplicación de los artículos 78, 80 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Las legisladoras argumentaron que debía respetarse el procedimiento parlamentario establecido en la normatividad interna. “Lo que están haciendo es una falta de respeto al pueblo zacatecano”, señalaron durante la discusión.
El Pleno resolvió continuar con el trámite legislativo y aprobó la reforma constitucional que elimina el requisito de separación anticipada del cargo para secretarios y subsecretarios del Ejecutivo estatal que aspiren a una diputación local.
Con la aprobación del dictamen, el siguiente paso será remitir la minuta a los 58 cabildos de los municipios de Zacatecas para su análisis y eventual ratificación. Los ayuntamientos contarán con un plazo de 30 días para emitir su respuesta, como parte del procedimiento requerido para concretar una reforma a la Constitución Política del Estado.
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