Cada año tenemos más fechas para recordar los problemas y menos respuestas para resolverlos.

El 7 de septiembre se realizará por segundo año la Jornada de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil en escuelas de educación básica, bajo el lema: “Te escucho, te comprendo, te protejo”.

El mensaje es correcto. La intención también. Informar, sensibilizar y poner el tema sobre la mesa importa. Pero ¿qué ocurre después?

Esa es la pregunta que deberíamos hacernos autoridades, escuelas, familias y sociedad. Porque establecer una fecha en el calendario no equivale, por sí mismo, a construir una política de prevención.

Cuando se trata de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, no podemos seguir confundiendo visibilización con prevención, ni actividades con resultados. Tampoco tener un día en el calendario significa que estamos haciendo lo suficiente para enfrentar el problema.

Una ceremonia, una conferencia, una publicación en redes sociales o una actividad escolar pueden ayudar, pero no sustituyen la responsabilidad de construir condiciones reales de prevención y protección.

Y ahí está el problema.

A un año de la realización de la primera Jornada de Concientización, no se dispone públicamente de información suficiente para conocer sus resultados. No sabemos cuántas escuelas participaron, cuántos docentes fueron capacitados, qué actividades se realizaron, qué aprendizajes dejó la jornada ni qué cambió en la capacidad de las comunidades educativas para prevenir y atender la violencia sexual infantil.

Más allá de un detalle administrativo, se trata de rendición de cuentas. Si una autoridad impulsa una estrategia frente a un problema de esta magnitud, no debería bastar con informar que se realizó. Tendría que ser posible saber qué alcance tuvo, qué resultados produjo y qué debe corregirse. De lo contrario, corremos el riesgo de institucionalizar una práctica conocida: “hacer algo” para poder decir que “se hizo algo”

Y en materia de violencia sexual infantil, la simulación tiene consecuencias y las cifras siempre lo demuestran.

Durante 2024, 244 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años fueron atendidos en hospitales por violencia sexual ocurrida en escuelas. El 81.6 por ciento de las víctimas fueron niñas y adolescentes (REDIM, 2025). Además, los datos muestran un incremento de los casos de violencia sexual ocurrida en escuelas durante los últimos años (ODI, 2026).

Pero sería igualmente irresponsable convertir a las escuelas en el único espacio bajo sospecha. La violencia también ocurre dentro de los hogares. El 75 por ciento de las agresiones sexuales registradas en 2024 contra niñas y adolescentes de entre 1 y 17 años ocurrió en una vivienda (REDIM, 2026).

Los datos deberían obligarnos a abandonar la zona de confort del discurso cómodo pues la prevención no es responsabilidad exclusiva de las y los docentes. Tampoco puede recaer únicamente en madres y padres. Y sabemos que no es un asunto que pueda resolverse pidiendo a las familias que “pongan más atención” mientras las instituciones no garantizan capacitación, protocolos, información accesible y mecanismos eficaces de atención.

La protección de la infancia exige corresponsabilidad y ahí cada actor tiene una obligación distinta:

• Las familias debemos informarnos, escuchar y acompañar.

• Las escuelas contar con personal capacitado y protocolos claros.

  

• Las autoridades garantizar políticas públicas, recursos, capacitación y mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

• Y la sociedad dejar de hablar del problema solo cuando aparece un caso que genera indignación pública.

Ese también es parte del problema: reaccionamos cuando el caso estalla, pero no invertimos lo suficiente en evitar que ocurra el siguiente.

En Zacatecas, la discusión tampoco se debería quedar en el marco de una jornada nacional. De acuerdo con información del BANEVIM, entre 2017 y 2024, cinco municipios –Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Pinos, Sombrerete y Jerez– registraron el 75% de los casos de menores entre 0 y 17 años víctimas de algún tipo de violencia. De los casos registrados en ese mismo periodo 592 sucedieron en la modalidad escolar/docente. Para el primer semestre de 2026, ya se habían contabilizado por el BANEVIM, 421 niñas y adolescentes víctimas de violencia en ese mismo rango de edad. Si nos remitimos a tan solo un caso reciente de violencia en escuelas, están los hechos ocurridos en noviembre de 2025 cuando más de 400 alumnas de una secundaría fueron víctimas de violencia digital.

En este contexto cobra relevancia que, por segundo año consecutivo, más de 20 organizaciones de la sociedad civil hayan puesto a disposición de escuelas y familias un Catálogo de Recursos para la Concientización y Prevención de la Violencia Sexual Infantil. Este catálogo reúne más de 70 recursos gratuitos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, madres, padres, personas cuidadoras, docentes y directivos.

No es un asunto menor. Porque mientras las instituciones tienen la obligación de fortalecer sus estrategias, las familias y las comunidades necesitan herramientas concretas. No basta con decirle a una madre o un padre que proteja a sus hijos e hijas si nadie les ha enseñado qué señales pueden advertir en una situación de riesgo. No basta con pedirle a una niña o un niño que hable si los adultos no sabemos escuchar. O con exigirle a un docente que detecte una situación de violencia si nunca recibió capacitación para hacerlo.

Y tampoco basta con tener protocolos escritos si quienes debieran aplicarlos no los conocen o no saben cómo actuar.

La prevención no ocurre por decreto o por la simple existencia de una jornada. La prevención se construye con capacitación permanente, información accesible, sensibilización, protocolos claros, acompañamiento y evaluación.

Y aquí volvemos al punto central: ¿cómo sabemos si estamos avanzando?

Esa pregunta debería ser obligatoria para cualquier estrategia pública. ¿Cuántas personas fueron capacitadas?  ¿Cuántas escuelas participaron? ¿Qué conocimientos adquirieron? ¿Las familias cuentan hoy con más herramientas que hace un año? ¿Los protocolos se conocen o simplemente existen en algún documento? ¿Las instituciones pueden demostrar que sus acciones están reduciendo riesgos?

Si no podemos responder estas preguntas, entonces no sabemos si estamos previniendo o simplemente estamos cumpliendo con una actividad del día.

La diferencia importa y mucho. La violencia sexual infantil necesita una política permanente, presupuesto, capacitación y seguimiento e instituciones que no desaparezcan después de la fotografía.

Requiere autoridades dispuestas a evaluar sus propias acciones, incluso cuando los resultados no sean los esperados. Y sobre todo una sociedad corresponsable, involucrada, que entienda que proteger a niñas, niños y adolescentes no es un acto simbólico que se realiza una vez al año, es una responsabilidad permanente.

El 7 de septiembre puede servir para abrir la conversación. Pero una sociedad que realmente escucha, comprende y protege a sus niñas, niños y adolescentes debería poder demostrar qué hace los otros 364 días.