"No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No puedes crear la experiencia. Debes experimentarla".

Albert Camus

El 15 de septiembre de 2025, el Poder Judicial Federal amaneció distinto; cientos de personas juzgadoras electas mediante voto popular comenzaron funciones y México estrenó el experimento que durante meses nos vendieron como remedio para casi todos los males de la justicia. Se acabaron los privilegios, se acercaría la justicia al pueblo, entrarían mejores perfiles y las urnas harían lo que durante años supuestamente no pudieron conseguir concursos, evaluaciones y carrera judicial. Un año después ocurrió algo maravilloso: quienes diseñaron la medicina comenzaron a leer las contraindicaciones.

La siguiente elección de jueces y magistrados ya fue movida a 2028 y del propio oficialismo surgieron propuestas para endurecer filtros, revisar perfiles, fortalecer evaluaciones y darle mayor importancia a la experiencia profesional; hasta se ha planteado una certificación de competencias mediante la Escuela Nacional de Formación Judicial. La explicación oficial habla de perfeccionar el modelo, que es una manera bastante elegante de decir que después del primer intento encontraron cosas que necesitan arreglo. Nada malo tendría reconocerlo; lo divertido es recordar que varias de esas advertencias fueron tratadas durante la discusión original casi como berrinches de quienes defendían privilegios.

Desde Morena se reconoció recientemente que la renovación de poderes judiciales locales provocó la salida de buena parte de los juzgadores que ya habían recibido capacitación para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; la advertencia se ha situado alrededor del 60 por ciento de ese personal capacitado. Ese dato lo dio Javier Corral, y se refería a los juzgadores locales que habían sido preparados para esa implementación, no al 60 por ciento de todos los jueces mexicanos ni al Poder Judicial Federal. Pero eso no mata la ironía, la mejora; capacitamos personas para manejar un nuevo sistema, cambiamos a muchas de ellas y después descubrimos que las personas capacitadas servían para manejar el nuevo sistema. La ciencia política sigue haciendo descubrimientos extraordinarios.

Es parecido a preparar pilotos durante años, bajarlos del avión, organizar una elección para escoger a los siguientes y, ya con los pasajeros abrochados, proponer que para el próximo vuelo quizá convendría revisar las horas de vuelo. Esto no significa que cada persona que llegó mediante elección sea incapaz, sería una tontería afirmarlo; hay juzgadores nuevos con preparación, otros provenían del propio Poder Judicial y algunos seguramente desarrollarán carreras destacadas. El problema nunca fue afirmar que todo el que llegara sería malo, sino creer que la experiencia podía tratarse como un accesorio del viejo régimen, algo parecido al escritorio que uno cambia cuando remodela la oficina.

Quienes trabajamos dentro de los tribunales sabemos que conocer derecho y saber operar un órgano jurisdiccional son cosas relacionadas, pero no idénticas; hay expedientes urgentes, suspensiones, audiencias, términos, sistemas electrónicos, personal, cargas extraordinarias y decisiones que no admiten un tutorial de YouTube antes de resolverlas. La experiencia judicial tiene un defecto imperdonable para nuestra época: tarda años. No cabe en un eslogan, no se imprime en un acordeón y tampoco aparece mágicamente cuando termina el cómputo electoral.

Y mientras desde la política se cuestionaba el viejo sistema de carrera judicial, secretarias, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y personal técnico continuaron sosteniendo buena parte de la operación cotidiana; muchos recibieron nuevos titulares, explicaron dinámicas, conservaron memoria institucional y siguieron trabajando expedientes que no desaparecieron porque hubiera cambiado la Constitución.

Y aquí aparece una pregunta que ha recibido mucha menos propaganda: ¿qué cambió para los trabajadores? Porque arriba hubo elección, nuevas autoridades, nueva Corte, Tribunal de Disciplina y Órgano de Administración Judicial; abajo siguen existiendo órganos saturados, necesidades de plazas, incapacidades que alguien debe cubrir, jornadas que pueden prolongarse y trabajadores que esperan saber cómo responderán las nuevas instituciones cuando exista hostigamiento, abuso o cargas irracionales. Cambiamos la arquitectura constitucional del edificio; ahora sería interesante revisar las condiciones de quienes lo mantienen abierto.

Eso también debería importarle al ciudadano que jamás ha pisado un tribunal. Cuando falta personal, su asunto espera; cuando existe rezago, espera; cuando alguien aprende mientras trabaja, esa curva de aprendizaje puede pasar por una pensión, una casa, un empleo, la custodia de un hijo o la libertad de una persona. Elegir a un juez mediante millones de votos puede otorgarle legitimidad electoral; los votos, por desgracia, todavía no redactan sentencias.

Por eso cumplir un año debería servir para dejar atrás tanto la celebración automática como la nostalgia. El sistema anterior tenía defectos reales y algunos eran graves; negarlo convertiría cualquier crítica en propaganda. Pero haber tenido problemas antes tampoco demuestra que todo lo construido después sea mejor. Esa comparación requiere números, tiempos de resolución, rezago, productividad, calidad de las resoluciones, revocaciones, costos, cargas laborales y funcionamiento de las nuevas instituciones. Una reforma judicial debería soportar cuando menos el mismo estándar probatorio que exige un juez antes de condenar a alguien.

Lo verdaderamente interesante es que la necesidad de ajustar el modelo ya no proviene únicamente de quienes se opusieron a él. Desde el propio oficialismo se impulsaron cambios para la siguiente elección y se habla nuevamente de experiencia, profesionalización, filtros y evaluación; palabras que sobrevivieron milagrosamente al antiguo régimen y ahora regresan bañadas en legitimidad transformadora.

Eso no debería avergonzar a nadie; una reforma puede equivocarse y un gobierno puede corregirla; para eso sirve gobernar y no solamente inaugurar. El problema aparece cuando cada error necesita otro nombre para no llamarse error, cada corrección se presenta como profundización y cada consecuencia no prevista termina convertida en herencia del pasado. A este ritmo podríamos reformar nuevamente la reforma y celebrar después que siempre estuvo planeado. Y si dentro de algunos años seguimos hablando de tribunales saturados, trabajadores exhaustos, falta de personal, denuncias sin respuesta y justicia lenta, resultará difícil seguir culpando eternamente al edificio que decidieron demoler.

La elección de 2025 ya tuvo urnas, acordeones, campañas, discursos y aniversario; la siguiente será en 2028 y hasta quienes impulsaron el modelo quieren llegar con reglas corregidas. Perfecto. Corregir es gobernar. Pero convendría conservar memoria, porque tiene una desagradable costumbre de arruinar los discursos.

Después de cambiar la Constitución para transformar la forma de elegir jueces, México empieza a redescubrir la evaluación, la capacitación, la profesionalización y la experiencia. Al paso que vamos, para 2028 hasta podrían reinventar la carrera judicial.