En México hemos normalizado que las decisiones educativas se tomen sin planeación, sin evidencia y, peor aún, sin escuchar a quienes viven la educación todos los días.

Lo ocurrido en semanas recientes con los cambios, ajustes y contradicciones alrededor del cierre del ciclo escolar representó una medida de enorme impacto para el sistema educativo nacional y, por su dimensión, merece una discusión pública mucho más profunda, transparente y técnicamente sustentada.

Lo que vimos fue la expresión más clara de que las decisiones que impactan a más de 23 millones de estudiantes de educación básica no pueden, ni deben subordinarse a criterios de oportunidad política, logística gubernamental o eventos mediáticos internacionales. Deben sustentarse en evidencia pedagógica, criterios técnicos y, sobre todo, en el interés superior de la niñez.

De no haberse corregido, esta medida habría afectado de manera desproporcionada a las comunidades escolares en mayor condición de vulnerabilidad. Para miles de niñas, niños y adolescentes, la escuela representa un espacio de aprendizaje, así como un entorno de protección, acompañamiento y estabilidad. Reducir el tiempo escolar ampliar desigualdades y profundizar rezagos que el propio sistema educativo aún no ha logrado revertir.

Preocupa también la contradicción entre el discurso oficial sobre autonomía escolar y la imposición de decisiones centralizadas que dejan poco margen a las escuelas, colectivos docentes y autoridades locales para analizar sus propios contextos y construir respuestas diferenciadas.

A lo anterior se suma otra debilidad estructural del sistema educativo: la precariedad de infraestructura y de estrategias con las que cuentan las escuelas para enfrentar las condiciones que el propio sistema les impone. Si una de las razones iniciales para modificar el calendario fueron las altas temperaturas, entonces el problema nunca fue el calendario. El problema son las condiciones en las que estudian millones de estudiantes en México: escuelas que no están en condiciones de enfrentar climas extremos, inundaciones, sismos o contextos de violencia e inseguridad.

 Ahí está el debate de fondo.

Y ese debate no puede agotarse en la corrección de una decisión errática después de la presión pública. Debe traducirse en política pública, en prioridad presupuestal y en una evaluación nacional seria sobre el estado real de los planteles educativos.

Pero quizá lo más preocupante no sea la improvisación, sino la reiterada intención de gobernar al margen de los mecanismos institucionales que la propia ley establece.

El Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe garantizar la participación de los sectores sociales interesados en el diseño y ejecución de las políticas educativas. Este mandato constitucional se operativiza a través de la Ley General de Educación, en su Título Noveno, que mandata la corresponsabilidad social y la instalación de los Consejos de Participación Escolar (Artículos 131 al 136).

Sin embargo, hoy observamos con preocupación que el Consejo Nacional de Participación Escolar ni siquiera ha sido instalado formalmente, generando un efecto en cadena que debilita la operación de los consejos estatales, municipales y escolares.

Los datos públicos más recientes dan muestra de ello: al cierre del ciclo 2024-2025, únicamente ocho entidades federativas instalaron Consejos Estatales de Participación Escolar en la Educación; apenas 191 municipios contaban con consejos municipales, equivalente a 7.7% de los municipios del país; y de 206 mil 383 escuelas, únicamente 161 mil 296 tenían consejos registrados, es decir, 78.1%.

Eso significa que decenas de miles de comunidades educativas siguen sin voz en decisiones que impactan directamente la vida escolar de sus hijos.

De ahí la relevancia de instalar y fortalecer los Consejos de Participación Escolar, pues constituyen el espacio institucional de gobernanza educativa donde deben discutirse decisiones tan sensibles como ajustes al calendario escolar, condiciones de infraestructura, seguridad, aprendizaje y equidad. Ignorarlo es correr el riesgo de perder el rumbo en la educación.

Hoy más que nunca debemos exigir, sin titubeos, la instalación del Consejo Nacional de Participación Escolar, que se fortalezcan los mecanismos de corresponsabilidad social y que nunca más una decisión de esta magnitud vuelva a tomarse de espaldas a la comunidad educativa.

Reiteramos: toda política educativa debe colocar en el centro el derecho humano de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, continua, equitativa y digna.

*Coordinadora de Investigación del Observatorio de la Educación de Educación con Rumbo