EXIGEN SUSPENDER A JEFE VIAL POR ESCÁNDALO DE ALCOHOL EN CORPORACIÓN
El abogado Jorge Rada Luévano promovió ante los Órganos Internos de Control de las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública la suspensión temporal del funcionario y de los elementos captados, al considerar que su conducta podría constituir faltas administrativas graves.
ZACATECAS, ZAC.- La polémica por el consumo de bebidas alcohólicas dentro de instalaciones oficiales escaló a un nuevo nivel tras la solicitud formal de medidas cautelares contra el encargado de la Policía Vial, Oswaldo Caldera Murillo, y varios agentes involucrados en un video que generó indignación pública.
El abogado Jorge Rada Luévano promovió ante los Órganos Internos de Control de las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública la suspensión temporal del funcionario y de los elementos captados, al considerar que su conducta podría constituir faltas administrativas graves.
En los documentos entregados, el litigante también exige el inicio de una investigación formal, así como el resguardo inmediato de evidencias relacionadas con los hechos, los cuales subrayó dañan la imagen institucional.
“Estamos ante actos que son claramente incompatibles con el servicio público y que no pueden quedar impunes”, declaró Rada Luévano.
“Solicitamos medidas cautelares precisamente para evitar que se obstaculice la investigación o se alteren pruebas”, añadió.
Asimismo, enfatizó: “La propia corporación reconoce que esto genera una percepción negativa; por ello es urgente actuar con transparencia”.
El caso cobró notoriedad luego de que se difundiera un video donde aparece Caldera Murillo junto a al menos seis agentes uniformados consumiendo alcohol dentro del patio de maniobras de la corporación.
Aunque la Dirección de Policía Vial Preventiva aseguró en un comunicado que los hechos ocurrieron el 11 de diciembre, durante festejos guadalupanos, versiones posteriores señalan que las imágenes corresponderían al pasado 20 de marzo, lo que intensificó las dudas sobre la veracidad de la versión oficial.
La exigencia ahora recae en las autoridades de control interno, que deberán determinar si existen responsabilidades administrativas y si procede la separación del cargo de los involucrados mientras se desarrolla la investigación.
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