“Con la recién invalidación del plan B, para reformar el INE, la SCJN se a convertido en el enemigo a vencer, no solo por el presidente Obrador, si no además por sus corcholatas, quienes atacan con más fuerza con la finalidad de agradar a su jefe”

Hugo Rafael Sánchez González*

Por haber incurrido el Congreso de la Unión en graves violaciones al proceso legislativo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, por nueve votos contra dos, la invalidez total del decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el llamado “plan B” promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador; la sentencia ordenó la vigencia de las leyes secundarias que fueron enmendadas.

La anulación total del “plan B” pone fin a uno de los capítulos más políticamente conflictivos del sexenio de López Obrador. La reforma al aparato electoral ha sido uno de los proyectos políticos prioritarios del presidente. Inicialmente, López Obrador intentó una reforma a la Constitución de gran calado con el que buscaba, entre otras cosas, remover a todos los integrantes del INE y el Tribunal Electoral y que los legisladores fueran elegidos mediante listas estatales. Era el proyecto original, el “plan A”, que no prosperó porque el oficialismo no logró construir en el Congreso las mayorías calificadas necesarias —dos terceras partes— para reformar artículos de la Carta Magna. Ello dio paso al “plan B”, un nuevo paquete de reformas, esta vez, a leyes secundarias, para las que se requiere del voto de una mayoría simple, que Morena y sus aliados reúnen con creces en ambas Cámaras. El oficialismo recurrió a la aplanadora legislativa para aprobar en cuestión de horas, sin someterlas a debate con la oposición, las iniciativas enviadas por López Obrador.

La primera parte del “plan B” reformaba la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con esos cambios, el Gobierno pretendía dar rienda suelta a los funcionarios públicos —especialmente al presidente López Obrador— para que pudieran hacer posicionamientos políticos y promover su imagen y a su partido. La segunda parte modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. En estas reformas anidaban las restricciones al presupuesto y las facultades del INE. Los partidos de oposición y grupos de activistas vieron en estas modificaciones una medida de control para manipular las elecciones.

Ahora, con esta decisión de la Suprema Corte, las corcholatas morenistas han volcado su rabia contra dicha Corte, pero como es lógico, los discursos en estos tiempos estarán alineados en la totalidad a los discursos Obradoristas, para seguir en su gracia.

¿Qué debemos saber como ciudadanos? En primer lugar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encarga de verificar que las Leyes propuestas por el congreso no sean contrarias a la Constitución, de lo contrario, declarar su invalidez, y eso es exactamente lo que hizo, por ello es muy importante siempre contar con árbitros y respetar sus decisiones.

*Especialista en Seguridad Pública, Instructor certificado en Derechos Humanos por el CICR.
Mtro., en Juicios Orales
Contacto: silverado_hr@hotmail.com