"Donde hay temor, no hay justicia." Lucio Anneo Séneca

El Tribunal de Disciplina Judicial nació con una promesa bastante vendible, limpiar la casa. Sonaba bien, incluso necesario, porque nadie en su sano juicio puede defender jueces corruptos, sentencias vendidas o carreras judiciales convertidas en herencia familiar. El problema empezó cuando la escoba dejó de buscar polvo y empezó a perseguir huellas incómodas; a menos de un año de instalado, más de cuarenta personas juzgadoras enfrentan procedimientos, no por haber sido sorprendidas con maletas de dinero, no por traficar nombramientos, no por convertir el juzgado en changarro familiar, sino por haber admitido amparos y suspensiones contra la reforma judicial de 2024.

Ahí está el tamaño del asunto, el supuesto pecado fue hacer trabajo de juez. Recibir una demanda, estudiarla, admitirla si cumple requisitos y conceder una suspensión cuando el caso lo permite; eso, hasta donde todavía alcanza la memoria constitucional, no era rebeldía, era función jurisdiccional. Pero en esta nueva temporada del país, aplicar los artículos 103 y 107 de la Constitución empieza a verse como una provocación, sobre todo cuando el acto reclamado viene envuelto en papel oficial y con moño de transformación.

Lo delicado no es que existan procedimientos disciplinarios, claro que deben existir. Un juez no es intocable, ni santo de yeso, ni pieza de museo; si vende una sentencia, que responda; si abusa del cargo, que responda; si usa la toga para encubrir intereses, que responda. Pero castigar a una persona juzgadora por el sentido de sus resoluciones es otra cosa, ahí ya no estamos hablando de disciplina, estamos hablando de doma. Y cuando la independencia judicial se cambia por obediencia preventiva, el Estado de derecho empieza a caminar como enfermo que no quiere aceptar el diagnóstico.

La Corte Interamericana lo ha dicho con claridad en casos como Apitz Barbera y Reverón Trujillo, los jueces no pueden ser sancionados solo porque a alguien no le gustó su criterio. Para eso existen recursos, revisión, queja, apelación, contradicción de criterios y todo ese enorme aparato procesal que los abogados usamos para no resolver las cosas a gritos. Si una resolución está mal, se combate jurídicamente; no se convierte al juzgador en enemigo político, porque el día que un juez empiece a preguntarse qué quiere el poder antes de preguntarse qué dice la Constitución, ese día la sentencia ya salió muerta.

Y aquí viene la parte incómoda. Cuando quienes ayer empujaron recursos, denuncias o presiones contra personas juzgadoras hoy ocupan espacios desde donde se administra, investiga o acusa, la cosa deja de oler a justicia y empieza a oler a revancha con sello oficial. El que ayer te denunció, mañana te investiga; el que ayer quiso doblarte, hoy mide tu independencia con cinta métrica institucional. Muy moderno todo, muy republicano, muy de nuevo comienzo; pero en el fondo se parece demasiado al viejo uso del poder, primero se señala, luego se procesa y al final se manda el mensaje al resto.

Porque el miedo no necesita meter a todos a la cárcel, es más barato. Le basta con exhibir a unos cuantos. El mensaje viaja solo por los pasillos, resuelve, pero no te emociones; concede derechos, pero no incomodes; sé independiente, pero dentro del corral. Así se mata una judicatura sin cerrar tribunales, se le deja abierta la puerta, pero se le cuelga una amenaza en la entrada.

Ese es un lado del problema, el de la presión directa sobre quienes juzgan; el otro lado es más silencioso, más administrativo, más fácil de disfrazar con palabras frías como ajuste, reorganización o terminación de nombramientos. Ahí entra lo ocurrido con las cuarenta y tres personas del Instituto Federal de Defensoría Pública, entre ellas trabajadoras sociales, porque jurídicamente puede presentarse como una decisión administrativa, sí, pero políticamente exhibe algo mucho más grave, mientras se presume una justicia más cercana al pueblo, se desarma a quienes hacían posible que esa justicia llegara a la gente que menos tiene.

Una trabajadora social en la Defensoría Pública no es adorno de oficina ni trámite decorativo. Es quien visita, escucha, pregunta, detecta violencia, pobreza, abandono, consumo, enfermedad, redes familiares rotas; todo eso que jamás cabe completo en una carátula judicial. Quitar esas plazas no es adelgazar burocracia, es quitarle ojos humanos a la defensa pública. Y una defensa pública sin contexto puede volverse lo mismo que un escritorio caro, sirve para poner papeles, pero no necesariamente para hacer justicia.

Por eso el asunto no debe leerse como dos hechos aislados. Por un lado, el Tribunal de Disciplina manda el mensaje a los jueces, cuidado con resolver contra el poder; por otro, las decisiones administrativas mandan otro mensaje a las personas servidoras públicas, cuidado con creer que la experiencia, la estabilidad y la trayectoria todavía importan. Arriba se disciplina el criterio; abajo se precariza el servicio. Y en medio queda la ciudadanía, esa palabra que todos invocan cuando hay micrófono, pero que suele desaparecer cuando se reparte el presupuesto.

Nadie está pidiendo impunidad para jueces ni inmovilidad para instituciones. Esa caricatura ya cansa. Lo que se exige es algo más básico, que la corrupción se combata con pruebas, no con listas negras; que la disciplina judicial sancione conductas, no criterios; que las decisiones administrativas no se usen como guillotina silenciosa contra quienes sostienen el trabajo diario; que la reforma fortalezca la justicia, no que la convierta en oficina de control político y recorte laboral.

Porque una cosa es transformar el Poder Judicial y otra muy distinta es domesticarlo. Transformar exige diagnóstico, presupuesto, técnica, carrera, capacitación y respeto al debido proceso; domesticar exige miedo, expedientes selectivos y decisiones administrativas que se firman como si detrás no hubiera familias, años de servicio y conocimiento acumulado. Una construye instituciones, la otra fabrica obedientes con gafete.

Los puentes no se sostienen por la parte que vemos. Se sostienen por abajo, donde nadie aplaude, donde nadie corta listones, donde no hay cámaras ni discursos. Si se presiona a juzgadores independientes y, al mismo tiempo, se retiran trabajadoras sociales, actuarios, secretarios, oficiales, defensores y personal de apoyo, el puente puede seguir pintado de nuevo, incluso puede verse bonito desde lejos; pero tarde o temprano alguien va a intentar cruzarlo y descubrirá que la propaganda no carga peso.

El gobierno puede llamar a esto depuración, transformación o nueva justicia. Tiene todo el aparato de comunicación para hacerlo. Pero quienes trabajamos dentro de la institución sabemos distinguir entre corregir y castigar, entre limpiar y cazar, entre administrar y desmantelar. Y si el nuevo modelo necesita perseguir criterios judiciales y dejar sin estabilidad a quienes sostienen el acceso real a la justicia, entonces no está fundando una justicia del pueblo; está construyendo una justicia con miedo. Y una justicia con miedo no es justicia, es obediencia administrativa disfrazada de sentencia.