ZACATECAS, ZAC.- Una jueza determinó no vincular a proceso a Sandra Arana Aguilar por el delito de secuestro, al concluir que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para acreditar su probable responsabilidad, luego de excluir las evidencias obtenidas mediante violaciones graves a sus derechos humanos, entre ellas actos de tortura física y sexual durante su detención en Tlaxcala en agosto de 2020.

El abogado Neftaly Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que la resolución reconoce que Sandra Arana fue víctima de una detención ilegal, arbitraria y de una retención prolongada, además de tortura física y sexual. "Fue víctima de una detención ilegal y arbitraria, fue sometida a una retención prolongada y fue víctima de actos de tortura física y sexual", afirmó.

El litigante señaló que, al excluirse dos teléfonos celulares que presuntamente le fueron sembrados durante su detención y toda la información obtenida a partir de ellos, la Fiscalía se quedó sin elementos para sostener la acusación. Agregó que la no vinculación implica que actualmente no existen pruebas suficientes para acreditar una probable participación de Sandra Arana en el delito.

La resolución se suma a la sentencia absolutoria emitida el pasado 19 de junio por un Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Zacatecas en otra causa penal, donde también se reconocieron violaciones a sus derechos humanos y se estableció que las pruebas obtenidas mediante tortura contaminaron el resto de la investigación. Sandra Arana permaneció 2 mil 120 días privada de la libertad.

Pérez informó que en Tlaxcala continúa una investigación penal por tortura contra los policías que participaron en la detención y recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 06/2023, en la que acreditó las violaciones cometidas en su contra. Entre las medidas pendientes se encuentran una disculpa pública, la reparación integral del daño, atención médica y psicológica, así como el seguimiento de la investigación penal.

Finalmente, el representante del Centro Prodh consideró que este caso debe servir como referente para fortalecer las instituciones y advirtió que persisten patrones de desigualdad en el acceso a la justicia para las mujeres, particularmente cuando enfrentan procesos penales.