“Salieron de sus estados para trabajar y superarse; encontraron la muerte en un territorio donde el Estado no supo protegerlos”.

Por Diego Varela

“El Estado surge como un mal necesario a fin de garantizar paz y seguridad, así como para terminar con el estado natural de guerra perpetua entre los hombres”. Thomas Hobbes. Bajo esta premisa de Hobbes cabe preguntarse dónde está el gobierno de Sinaloa, que dicho sea de paso, desde hace algunas décadas vive bajo fuego, zozobra, desasosiego y desolación por la pugna entre grupos de la delincuencia organizada, y cuyo gobierno pareciera estar en la inacción para garantizar a la sociedad lo que, por plexo normativo y como derecho humano, el propio Estado debería ser garante de paz y seguridad.

El día 23 de enero, un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, en el municipio de La Concordia, Sinaloa, y secuestró a un total de 14 personas, de las cuales 10 trabajaban para dicha empresa y 4 más para la empresa CICAR, S.A. de C.V. Entre las personas secuestradas se incluían ingenieros, geólogos y personal de seguridad, todas vinculadas a ambas empresas en un proyecto minero en su fase de exploración.

Dados los hechos, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Sinaloa iniciaron las carpetas de investigación, logrando algunas detenciones de personas vinculadas a un grupo criminal denominado “Los Chapitos”. Asimismo, se localizó una fosa clandestina con restos humanos entre las comunidades rurales de El Verde y Zamora, en el municipio de La Concordia, Sinaloa, a unos 85 kilómetros de Mazatlán y aproximadamente a 285 kilómetros de la capital, Culiacán, donde se dilucidó que algunos cuerpos pertenecían a los mineros privados de su libertad. El domingo se confirmó que tres de los cuerpos hallados correspondían a quienes en vida llevaban por nombre y profesión el ingeniero José Ángel Hernández Vélez, de 37 años de edad y originario del estado de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años y originario del estado de Guerrero; así como Ignacio Aurelio Salazar.

La violencia que se vive en el estado de Sinaloa ha ido en escalada, llegando a niveles por demás escandalosos y que, por más halagüeños que sean los discursos del gobernador Rubén Rocha Moya, dichos discursos no cuentan con los recursos que los respalden, pues tratan siempre de ocultar y matizar la violencia que se ha vuelto el pan de cada día en la cotidianidad social de ese estado. Pareciera que se vive un estado de guerra, ya que la inseguridad no es solo una percepción o una nota periodística, sino un escenario galopante y en constante escalada que parece no terminar, pues día con día se arrebata la vida de manera artera a niños, jóvenes, mujeres y hombres de todos los estratos sociales.

Sirva la presente colaboración, en primer lugar, como un reclamo a quien encabeza el gobierno del estado de Sinaloa, que no ha sido capaz de garantizar seguridad y paz a sus propios habitantes ni a las personas que, por diferentes motivos, visitan o viven temporalmente dentro de esa demarcación. Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de las mencionadas empresas, quienes salieron de sus estados natales con el único propósito de trabajar y superarse, así como de brindar mejores condiciones de vida a sus familias, encontraron en cambio la desolación en manos de arteros criminales que les arrebataron la vida.

Sea, pues, un llamado a la conciencia y a la acción del gobierno del estado de Sinaloa para que, en el marco del plexo normativo, haga uso de todos los recursos humanos y materiales, así como de todos los medios y modos disponibles, para combatir el mal de la inseguridad que aqueja a esa región de nuestro país. Tal vez pudiera preguntarse por qué se aborda el tema del estado de Sinaloa: en primer término, por conciencia social, y en segundo término, por solidaridad con nuestros paisanos zacatecanos, a quienes en dicho estado les fue arrebatada la vida. Y aunque sabemos que no hay palabras que puedan excusar o mitigar tanto pesar ante la pérdida de un familiar o ser querido, sea este nuestro más sentido pésame y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de trabajo de los ingenieros zacatecanos, elevando nuestras plegarias por su pronta resignación y recuperación espiritual y emocional.