“Los trabajadores están fragmentados, y el caso de la Modalidad 40 del IMSS es un ejemplo de cómo las diferencias entre generaciones y regímenes de pensión pueden debilitar la defensa de sus derechos”.

Divide y vencerás es el mantra de muchos estrategas. La división debilita equipos, familias, países, partidos y cualquier grupo cuya fuerza depende de la unidad. En México, sin embargo, hay una fractura que pocas veces analizamos a fondo: la que separa a los trabajadores formales de los informales, pero también la que divide a quienes, aun teniendo un empleo formal, cuentan con derechos y prestaciones diferentes.

Desde la perspectiva marxista, la historia de las sociedades está marcada por la disputa en torno a los medios de producción y la apropiación de la riqueza. En la Antigüedad, esa relación se sostuvo sobre el trabajo esclavo; en el feudalismo, sobre la propiedad de la tierra y la servidumbre; y en el capitalismo, sobre el capital y el trabajo asalariado. Para Marx, la contradicción entre quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan para ellos debía conducir a una transformación de las relaciones económicas y sociales. Una aspiración que, desde otra tradición y con un sentido distinto, también evoca la consigna zapatista: la tierra es de quien la trabaja.

Pero ¿qué ocurre cuando la propia clase trabajadora está fragmentada?

En México, hablar de una sola clase trabajadora resulta insuficiente. La primera división se encuentra entre quienes tienen un empleo formal y quienes trabajan en la informalidad, sin contrato, seguridad social o garantías laborales suficientes. Sin embargo, la fragmentación no termina ahí. Incluso dentro del empleo formal existen diferencias importantes en los derechos, las prestaciones y las posibilidades de construir un patrimonio para el retiro.

Hay trabajadores que cotizan al IMSS; otros, al ISSSTE; algunos cuentan con los sistemas de seguridad social de las Fuerzas Armadas y otros dependen de instituciones estatales, como el ISSSTEZAC, en Zacatecas. También están quienes carecen por completo de esta protección. Cada régimen establece condiciones distintas y, dentro de uno mismo, la fecha de ingreso, el régimen pensionario aplicable y las disposiciones vigentes pueden determinar diferencias sustanciales entre trabajadores.

La desigualdad también es generacional. Dos personas que dedicaron su vida al trabajo pueden terminar con derechos pensionarios muy distintos por haber comenzado a cotizar en momentos diferentes o por estar sujetas a reglas distintas. No necesariamente trabajaron más o menos; simplemente pertenecen a generaciones a las que se les reconocieron condiciones diferentes.

La discusión sobre la Modalidad 40 del IMSS es un ejemplo de esta fragmentación. Para quienes están sujetos al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio puede permitir, bajo determinadas condiciones, mejorar la pensión mediante aportaciones adicionales. No es una alternativa disponible en los mismos términos para todas las personas aseguradas. La evolución demográfica, las presiones financieras y las reformas al sistema pensionario han hecho más compleja la relación entre las generaciones y sus derechos para el retiro.

El problema de fondo no es únicamente financiero. También es social y político.

Tanto la tradición marxista de la lucha de clases como la doctrina social de la Iglesia, expresada en la encíclica Rerum novarum de León XIII, colocaron en el centro la dignidad de quienes viven de su trabajo, aunque desde perspectivas diferentes. Ambas tradiciones permiten formular una pregunta vigente: ¿qué capacidad tienen hoy los trabajadores para defender intereses comunes?

La fragmentación dificulta esa defensa. En lugar de reconocerse como parte de una misma realidad, los trabajadores pueden terminar defendiendo únicamente los beneficios de su institución, de su régimen pensionario o de su generación. Mientras tanto, millones de personas siguen sin acceso a una protección social suficiente. Las diferencias entre quienes tienen derechos consolidados, quienes apenas comienzan a cotizar y quienes trabajan en la informalidad reducen la posibilidad de construir una agenda común.

Los programas de bienestar y la ampliación de la seguridad social pueden contribuir a reducir estas brechas. Pero no basta con extender algunos apoyos si persisten diferencias profundas en el acceso a la salud, las pensiones, la estabilidad laboral y los beneficios derivados de la riqueza que produce el trabajo. Tampoco basta con reconocer derechos en la ley si millones de personas no pueden ejercerlos plenamente.

El desafío consiste en avanzar hacia condiciones más equitativas, sin ignorar la viabilidad financiera de los sistemas ni desconocer los derechos adquiridos. La justicia social exige discutir cómo ampliar la protección, reducir las desigualdades y evitar que el lugar donde una persona trabaja o el año en que comenzó a hacerlo determine, de manera tan profunda, su bienestar durante la vejez.

Porque una clase trabajadora dividida tiene menos capacidad para defender sus derechos. Cuando unos luchan por conservar sus prestaciones, otros por conseguirlas y muchos más por acceder siquiera a la seguridad social, el interés colectivo pierde fuerza.

Al final, cuando los trabajadores dejan de reconocerse como parte de una misma causa, quienes pierden son ellos mismos.

Paco Solís es regidor del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para el periodo 2024-2027; licenciado en Derecho y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Cuenta con experiencia en el servicio público en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el servicio público y actualmente se desempeña en el ámbito municipal, el primer peldaño de la representación política en el sistema mexicano.