"En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos." Marie von Ebner-Eschenbach.

Hay una tragedia que todavía no preocupa demasiado a quienes tenemos trabajo, la de llegar a viejos y descubrir que después de treinta o cuarenta años de esfuerzo apenas nos alcanza para sobrevivir. Mientras somos jóvenes nos preocupamos por la quincena, las deudas, la casa o la educación de nuestros hijos; pensamos que la jubilación llegará algún día y que entonces podremos descansar, viajar un poco o, cuando menos, desayunar sin mirar el reloj. Qué ingenuidad tan conmovedora, como si en México dejar de trabajar significara dejar de preocuparse por el dinero.

Aquí podemos pasar toda la vida esperando el retiro y terminar descubriendo que lo único que verdaderamente se jubiló fue nuestra capacidad de comprar lo mismo con el salario.

Resulta que el IMSS acaba de poner nuevas restricciones a la famosa Modalidad 40, una alternativa para quienes dejaron de trabajar y desean continuar pagando sus propias cotizaciones con la esperanza de obtener una mejor pensión. Especialmente para quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997, este mecanismo podía representar una diferencia considerable en el dinero que recibirían mensualmente; los trabajadores del régimen posterior dependen principalmente de sus ahorros en la Afore, lo cual merece otra conversación bastante menos alegre.

La novedad es que desde el 22 de octubre las nuevas incorporaciones tienen un límite mucho más estrecho para aumentar su salario de cotización. A nadie le estaban regalando las cuotas, cada peso salía del bolsillo de quien pretendía asegurar su vejez, pero ahora hasta pagar más para aspirar a una mejor pensión parece una actividad que merece vigilancia especial.

La explicación presidencial fue que encontraron fraudes, personas que mediante diversas maniobras habrían conseguido pensiones que legalmente no les correspondían; se habló incluso de cientos de miles de millones de pesos. Una acusación suficientemente grave para exigir nombres, investigaciones y responsabilidades, porque si alguien consiguió una pensión fraudulenta también convendría saber quién autorizó los registros, quién verificó los documentos y cuántos funcionarios participaron o miraron convenientemente hacia otro lado.

Pero en nuestro país tenemos una costumbre administrativa verdaderamente admirable, cuando alguien abusa de una prestación comenzamos por modificar las condiciones para todos. Algo parecido ocurrió con el Poder Judicial, donde las acusaciones de corrupción sirvieron para justificar una transformación completa de su estructura; parece que resulta más sencillo cambiar las instituciones que demostrar las responsabilidades de cada persona.

Y cuidado, nadie tendría por qué defender a los defraudadores, ni mucho menos permitir que unas cuantas pensiones ilegales comprometan los recursos destinados a millones de trabajadores. Las investigaciones anunciadas tendrán que llegar hasta sus consecuencias, aunque sería conveniente que la misma energía empleada para restringir la Modalidad 40 apareciera al momento de identificar a quienes hicieron posible las irregularidades.

Mientras tanto, queda una pregunta para los abogados y para el gobierno, el artículo 218 de la Ley del Seguro Social permite continuar cotizando con el último salario registrado o con uno superior; ¿puede un acuerdo administrativo imponer un límite adicional a esa posibilidad? El combate a la corrupción tiene muchos instrumentos jurídicos, pero todavía no conozco una disposición constitucional que permita sustituir al Congreso por la voluntad de un consejo administrativo.

Quizá el problema sea que seguimos viendo las pensiones como un asunto exclusivo de los adultos mayores, cuando en realidad debería preocuparnos especialmente a quienes todavía vamos todos los días a trabajar.

Cada año de servicio, cada aportación y cada decisión sobre la seguridad social terminarán reflejándose en nuestra propia vejez; algunos tendrán una pensión suficiente, otros dependerán de sus ahorros y muchos descubrirán que trabajar durante décadas tampoco garantiza tranquilidad.

El gobierno debe proteger las finanzas del IMSS, desde luego, pero sería bueno que recordara que esas finanzas tienen una finalidad bastante más humana que presentar balances saludables. Los trabajadores también envejecen, enferman y mueren; aunque esa información todavía no figure entre los grandes descubrimientos de la administración pública.

Me preocupa que estemos acostumbrándonos a una forma de gobernar donde cualquier irregularidad termina justificando restricciones generales, mientras la explicación detallada de los abusos llega después, cuando llega.

La presidenta anunció investigaciones y prometió mayores detalles; tendremos que conocerlos, porque la sociedad merece saber cuánto dinero se perdió realmente, quiénes se beneficiaron y qué responsabilidades se acreditaron. Mientras tanto, quienes todavía trabajamos deberíamos preguntarnos qué clase de retiro estamos construyendo y qué oportunidades estamos dispuestos a perder en nombre de combatir los fraudes.

Porque sería una ironía bastante cruel que pasáramos toda nuestra vida financiando la seguridad social y que, cuando finalmente necesitáramos de ella, el gobierno nos explicara que para proteger nuestras pensiones tuvo que reducir nuestras posibilidades de mejorarlas. Los defraudadores deberán responder ante la justicia; los trabajadores ya llevan demasiados años pagando cuentas que no son suyas.