“Si hablamos en términos cuantitativos, 90 por ciento honestidad, 10 por ciento experiencia”. Andrés Manuel López Obrador.

Un secretario judicial puede pasar años estudiando, aprobar concursos, obtener su nombramiento y dedicar buena parte de su vida a resolver los problemas jurídicos de otras personas; aun así, tendrá que demostrar periódicamente que merece conservar su empleo. Para quienes llegaron a dirigir el país, en cambio, alguna vez bastó una fórmula bastante sencilla, 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia. López Obrador la defendió, convencido de que los gobiernos anteriores habían confundido los títulos académicos con la honradez. La frase provocó polémica, pero dejó una pregunta que hoy adquiere especial relevancia; ¿cuánta preparación debe acreditar un trabajador para conservar su puesto y cuánta se exige a quienes deciden sobre su futuro?

La memoria política mexicana tiene una vida sorprendentemente corta. En 2013, los maestros enfrentaron una reforma educativa que vinculaba las evaluaciones con consecuencias sobre su permanencia; muchos salieron a las calles y fueron acusados de negarse a mejorar la educación. Seis años después, el gobierno de López Obrador impulsó una reforma que terminó protegiendo constitucionalmente la permanencia docente. La capacitación debía fortalecer al magisterio y las evaluaciones diagnósticas servir para identificar sus necesidades profesionales. Una decisión que encontró respaldo entre quienes habían rechazado el modelo anterior. Hoy, bajo un gobierno del mismo movimiento político, los trabajadores judiciales enfrentan una regulación que recupera una consecuencia laboral semejante. Al parecer, ciertos principios administrativos también cambian de adscripción.

El acuerdo publicado el 5 de noviembre de 2026 establece que los exámenes de diciembre serán diagnósticos y no podrán provocar despidos; las evaluaciones ordinarias posteriores, sin embargo, podrán conducir a la separación de la carrera judicial. Secretarios, actuarios y oficiales serán calificados por conocimientos, capacitación, rendimiento y cuestionarios respondidos por superiores y compañeros. Ahí comienza una discusión bastante más seria que resolver preguntas de opción múltiple, porque una parte de la calificación dependerá de apreciaciones realizadas dentro de estructuras jerárquicas. Imaginen a un trabajador que se niega a cumplir una instrucción contraria a derecho y después debe confiar en que su superior valore objetivamente su desempeño. La independencia de criterio puede convertirse en una virtud profesional muy costosa cuando alguien más tiene la pluma para calificarla.

Conviene entonces observar quiénes administran las nuevas reglas. Para integrar el Órgano de Administración Judicial, la Constitución exige título profesional afín y cinco años de experiencia; sus cinco integrantes llegan por designaciones de la Presidencia, el Senado y la Suprema Corte, sin concurso público de oposición. Los ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial acceden mediante elección popular, con requisitos y controles diferentes, pero tampoco enfrentan el régimen periódico de permanencia que ahora se impone al personal de carrera.

Cada cargo tiene responsabilidades propias, desde luego, aunque resulta interesante que el Estado encuentre tantas maneras de exigir capacidad y que las consecuencias laborales sean tan distintas según quién ocupe el escritorio. El viejo 90 por ciento de honestidad parece insuficiente para quien notifica una sentencia, pero aquella filosofía política nunca estuvo pensada para los que cargan los expedientes.

Las protestas tampoco pueden reducirse a la ocurrencia de que unos burócratas tienen miedo de presentar un examen. La reforma judicial cambió numerosos jueces y magistrados, desapareció el Consejo de la Judicatura Federal y creó nuevas autoridades; ahora introduce incertidumbre sobre la estabilidad de quienes conservan buena parte de la experiencia técnica de los tribunales.

Detrás de un amparo por falta de medicamentos, una pensión negada o una sentencia que protege la libertad hay trabajadores que preparan proyectos, tramitan expedientes y notifican resoluciones. El décimo transitorio de la reforma prometió respetar íntegramente sus derechos laborales, una obligación constitucional que no debería desaparecer entre tantos acuerdos administrativos. Si además de cambiar a los juzgadores debilitamos la estructura profesional que sostiene la justicia, el ciudadano terminará pagando la factura con retrasos, errores y mayores dificultades para obtener una resolución.

La estabilidad laboral nunca ha significado impunidad, pero tampoco puede quedar a merced de una calificación que comprometa derechos construidos durante años. México necesita servidores públicos honestos y preparados, incluidos quienes ejercen las más altas responsabilidades; sería interesante evaluar también los resultados de las reformas, el costo de las decisiones equivocadas y la capacidad de quienes administran las instituciones.

El poder suele hablar con entusiasmo de profesionalización cuando observa a sus subordinados, aunque el mismo rigor merece aplicarse a la responsabilidad de quienes gobiernan. Tal vez aquella fórmula presidencial necesitaba una materia adicional, memoria histórica, porque resulta difícil justificar que el Estado haya protegido a los maestros frente a evaluaciones que amenazaban su permanencia y ahora permita una consecuencia semejante para los trabajadores judiciales.

Después de todo, cuando un empleado reprueba puede perder su trabajo; cuando fracasa una reforma, quienes la diseñaron rara vez presentan examen extraordinario. Generalmente anuncian otra.