Hay libertades que no desaparecen con un decreto ni amanecen muertas en el Diario Oficial; se gastan poco a poco, casi con educación, primero aceptamos una excepción porque es por seguridad, después otra porque es por el pueblo, luego una más porque es por la justicia y, cuando alguien pregunta en qué momento empezó el retroceso, nadie recuerda la fecha exacta, quizá porque comenzó el día en que dejamos de sorprendernos y aprendimos a llamar normal a lo que antes nos habría parecido inadmisible.

En pocos años vimos a la Guardia Nacional quedar bajo control militar, desaparecer organismos constitucionales autónomos, reformarse el Poder Judicial con la delicadeza de quien cambia una cerradura mientras todavía hay gente dentro y, ahora, discutir hasta dónde puede llegar el Estado para ordenar la información que reciben las audiencias; cada asunto tuvo su propia explicación, su conferencia, su consigna y hasta su aplauso correspondiente, pero todos responden a la misma pregunta, una que el poder preferiría no escuchar, ¿quién lo limita cuando asegura que todo lo hace en nombre del pueblo?

Ahí crece el populismo, no porque la gente sea tonta, aunque algunos gobernantes parezcan trabajar con entusiasmo para comprobarlo, sino porque durante años millones trabajaron más, ganaron menos, votaron por unos, luego por otros y descubrieron que los privilegios tienen la capacidad para cambiar de partido sin perder la oficina; cuando la democracia deja de escuchar, siempre aparece alguien dispuesto a prestar oído, abrazar la rabia y prometer que ahora sí gobernará para los olvidados, el problema llega después, cuando deja de representar al pueblo y empieza a creer que él mismo es el pueblo.

Entonces la crítica cambia de nombre, ya no es un derecho sino un estorbo; el periodista incómodo se vuelve mentiroso, el juez independiente pasa a ser corrupto, la organización civil aparece como enemiga, el académico que pregunta demasiado termina acusado de defender intereses oscuros y el ciudadano inconforme, según el humor de la mañana, puede ser conservador, traidor o simplemente alguien que no ha entendido la transformación, qué práctica resulta la etiqueta, evita contestar, ahorra argumentos y permite seguir hablando sin escuchar a nadie.

En ese clima aparecen los derechos de las audiencias, una causa razonable que puede convertirse en coartada si se maneja mal; distinguir una noticia de una opinión o de la publicidad tiene sentido, combatir la desinformación también, lo peligroso comienza cuando una autoridad cercana al poder pretende decidir qué información es falsa, qué contexto fue suficiente, qué corrección debe hacerse y qué medio merece castigo, porque entonces el Gobierno deja de ser objeto de la crítica y solicita, con bastante modestia, convertirse también en árbitro de lo que puede decirse sobre él.

La censura moderna rara vez entra rompiendo puertas, eso luce mal en televisión; ahora llega con lenguaje amable, formularios, procedimientos, multas y funcionarios que prometen protegernos, no necesita cerrar una estación de radio ni retirar un periódico de circulación, le basta con conseguir que un reportero piense dos veces si vale la pena investigar, que un editor quite una frase, que un conductor cambie de tema o que un medio pequeño concluya que la verdad sale demasiado cara, cuando el miedo corrige una nota antes de publicarla, la autoridad ya ganó sin ensuciarse las manos.

Durante décadas nos dijeron que el ciudadano era suficientemente maduro para elegir presidente, senadores, diputados, gobernadores y hasta personas juzgadoras; ahora parece que no puede distinguir una noticia de una opinión sin que el Estado lo tome de la mano, qué frágil resultó nuestra inteligencia colectiva, resiste campañas electorales, promesas imposibles, espectaculares, encuestas y mañaneras, pero podría desintegrarse frente a un noticiero de media hora, por fortuna siempre habrá algún funcionario dispuesto a pensar por nosotros.

Los derechos humanos no nacieron para premiar gobiernos buenos, nacieron para contener a cualquiera que gobierne; la libertad de expresión no existe para proteger elogios, boletines oficiales o entrevistas cómodas, existe para que alguien pueda preguntar por contratos, muertos, desaparecidos, corrupción y abusos sin pedir permiso, defenderla cuando habla quien nos agrada es sencillo, defenderla cuando la crítica incomoda es otra cosa, ahí empieza la democracia constitucional y termina el club de admiradores.

Tal vez, y solo tal vez, cuando hagamos la cuenta de todo lo perdido, descubramos que no hubo un solo día del derrumbe, ni una reforma capaz de explicarlo todo; fueron pequeñas renuncias, cada una envuelta en una causa noble, seguridad, justicia, pueblo, verdad, protección, y nosotros aceptándolas con la tranquilidad de quien entrega una llave convencido de que todavía conserva la casa, quizá por eso el poder rara vez necesita arrebatarnos las libertades, le basta con enseñarnos a justificar su pérdida, una por una, hasta que seguimos votando, sí, pero cada vez preguntamos menos.