“Con demasiada frecuencia, ser acusado de un delito equivale a convertirse en algo menos que humano.” Jerome F. Buting

El derecho penal mexicano tiene una virtud que raya en lo quirúrgico: no falla. Siempre encuentra a los mismos; no importa la reforma, el discurso o el sexenio, el resultado es estable. La cárcel sigue siendo, en los hechos, una política pública dirigida a los de abajo.

Se insiste en que el delito se combate con más delito tipificado, con más penas, con más cárcel. Como si el problema fuera la falta de imaginación legislativa y no la desigualdad estructural. El Congreso produce delitos con la misma velocidad con la que un gobierno produce discursos, y luego se sorprenden cuando el sistema penal se llena de quienes nunca tuvieron otra cosa más que sobrevivir.

No es un problema de percepción, es un patrón: quien roba por hambre conoce la prisión, quien defrauda millones conoce al abogado correcto. Uno entra por la puerta principal del sistema penal, el otro entra por la lateral del procedimiento, donde todo se negocia, se interpreta o se diluye. La ley no distingue entre ricos y pobres en el texto. Lo hace en la práctica.

Aquí conviene incomodar un poco; el derecho penal no es neutral. Nunca lo ha sido. Selecciona, filtra, decide a quién mirar con lupa y a quién mirar con respeto, y en ese filtro, la pobreza pesa más que cualquier prueba. No porque esté en la ley, sino porque está en la realidad.

El discurso oficial repite que vivimos en un Estado de derecho. Pero un Estado de derecho no se mide por la cantidad de personas encarceladas, sino por la calidad de las razones para encarcelarlas. Y ahí es donde el modelo empieza a hacer agua. Porque llenar cárceles con pobres no es justicia. Es administración de la desigualdad.

Lo verdaderamente incómodo es aceptar que esto no es un error del sistema, es su consecuencia lógica. Un modelo que no garantiza condiciones mínimas de vida difícilmente puede exigir conductas ideales. Primero margina, luego castiga; primero excluye, después procesa. Y todo con la narrativa de que la ley se aplica igual para todos.

En México, la política criminal se ha vuelto un sustituto barato de la política social; es más fácil endurecer penas que garantizar derechos; más rentable anunciar detenciones que construir oportunidades; y así, el derecho penal deja de ser la última ratio para convertirse en la primera respuesta. No a la delincuencia, sino a la pobreza.

El problema ya no es técnico; es político. Mientras el poder siga utilizando el castigo como espectáculo y la ley como herramienta selectiva, la justicia seguirá siendo un privilegio y no una garantía. Y entonces la pregunta deja de ser quién está en la cárcel; la pregunta es quién decidió que siempre fueran los mismos.