"No se puede matar la verdad. No se puede matar la justicia. No se puede matar aquello por lo que luchamos." Jean Dominique

Carlos Ernesto Alvarado Márquez*

El informe 2026 de Human Rights Watch sobre México no es un panfleto, tampoco es una conspiración internacional, es un documento que junta datos que ya están ahí, dispersos, incómodos, públicos, y los coloca en una misma mesa, sin música de fondo. Lo leí sin ánimo de sorprenderme y aun así incomoda.

Más de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Más de 130 mil personas desaparecidas registradas. Solo uno de cada diez homicidios resuelto. Casi 40 por ciento de personas en prisión sin sentencia. Miles de denuncias de tortura documentadas por la propia Defensoría Pública. Son cifras oficiales. No vienen de un blog anónimo, no salen de la imaginación de nadie.

Y sí, el mismo informe reconoce que millones salieron de la pobreza en los últimos años, que hubo reformas en pensiones, avances en paridad, regulación para trabajadores de plataformas digitales. No es un texto ciego; no niega lo que el gobierno presume. El problema es la convivencia de ambos mundos.

Mientras se celebran indicadores sociales, se empuja una reforma judicial que llevó a jueces a competir en elecciones, se crea un Tribunal de Disciplina con facultades amplias para sancionarlos, se amplía la prisión preventiva obligatoria pese a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se transfiere el control de la Guardia Nacional al Ejército, se desaparece el órgano autónomo de transparencia, se aprueban registros obligatorios de identidad y telefonía que amplían el acceso estatal a datos personales.

Cada decisión, explicada por separado, tiene su justificación; democracia; seguridad, eficiencia, combate a la corrupción. Pero cuando uno se detiene y observa el conjunto, la pregunta cambia. ¿Estamos fortaleciendo al Estado o concentrándolo?

El gobierno niega que exista desaparición forzada desde el Estado. Al mismo tiempo, un comité de la ONU activa un procedimiento para analizar si el fenómeno en México es generalizado o sistemático; no es un detalle menor, no ocurre todos los días.

Aquí es donde la discusión deja de ser ideológica y se vuelve constitucional; la independencia judicial no es un privilegio gremial, es una garantía para el ciudadano; la transparencia no es un capricho técnico, es una forma de control democrático; la prisión preventiva no debería ser castigo anticipado, sino excepción estricta. Nada de esto suena espectacular; no genera aplausos fáciles, pero define el tipo de país que somos.

Se insiste en la legitimidad electoral. Y claro que la hay. Pero los derechos humanos no se someten a mayoría simple. El diseño institucional no se evalúa solo por la intención de quien gobierna hoy, sino por el uso que podría darle quien gobierne mañana.

El informe no busca derrocar a nadie. Tampoco dramatiza, hace algo más incómodo, pone los números en fila y deja que hablen. Y cuando hablan, lo que dicen no encaja del todo con el relato triunfalista.

México puede reducir pobreza y, al mismo tiempo, deteriorar contrapesos. Puede ampliar derechos sociales y debilitar límites al poder. Las dos cosas pueden coexistir. La pregunta es si estamos dispuestos a discutir esa tensión sin convertirla en guerra de consignas, el texto de Human Rights Watch no debería leerse como ataque, sino como advertencia. Ignorar advertencias nunca ha sido buena política pública.

QUOD

Porque cuando un país empieza a acostumbrarse a cifras de violencia, a prisión sin sentencia, a militarización permanente, el riesgo no es solo estadístico, es estructural, y lo estructural, cuando se normaliza, deja de escandalizar. Ese es el verdadero problema.

Yo soy Carlos Alvarado, y si te gustó comenta y reflexiona conmigo en mis redes sociales.