"La política se ha convertido en una rama del espectáculo y los políticos en celebridades." Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman sostenía que vivimos en una sociedad líquida, un mundo donde casi nada permanece, donde las certezas duran poco y la política ha dejado de ser el espacio para resolver los problemas colectivos para convertirse, con demasiada frecuencia, en un ejercicio de imagen. Gobernar ya no consiste únicamente en tomar decisiones; consiste en parecer que se toman. La apariencia suele producir más votos que los resultados y, en esa lógica, la corrupción también terminó convirtiéndose en un espectáculo.

Hoy los gobiernos no solo administran recursos; administran percepciones. Una conferencia de prensa vale más que una sentencia; una fotografía de una detención genera más impacto que una investigación silenciosa y bien construida; una carpeta de investigación produce titulares inmediatos, aunque años después termine archivada por falta de pruebas. La justicia comenzó a competir con las redes sociales y, cuando eso ocurre, la tentación de privilegiar el impacto sobre los resultados se vuelve enorme.

Las cifras parecen impresionantes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el actual sexenio se han iniciado 27,697 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por servidores públicos. Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León concentran poco más de la mitad de esos expedientes. El dato sirve para una infografía, pero dice muy poco sobre la corrupción real. Una carpeta abierta no significa un delito acreditado, del mismo modo que una auditoría sin observaciones no convierte automáticamente a un gobierno en ejemplo de honestidad.

Las preguntas reales las que nos hacemos los ciudadanos nunca aparecen en los comunicados. ¿Cuántas de esas investigaciones llegaron ante un juez? ¿Cuántas concluyeron con una sentencia condenatoria? ¿Cuánto dinero público regresó a las arcas del Estado? Esas son las cifras que distinguen un sistema de justicia de una estrategia de comunicación.

Por eso los casos emblemáticos merecen analizarse con la misma vara. La Fiscalía General de la República anunció una investigación contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por presuntos delitos relacionados con una red de contrabando de combustibles. Si existen pruebas, corresponde que los tribunales las valoren y, en su caso, dicten una condena. Así debe funcionar el Estado de derecho; nadie puede reclamar inmunidad por haber ocupado un cargo público.

El problema aparece cuando la intensidad del aparato estatal parece modificarse según el nombre del investigado. Mientras Ruffo enfrenta todo el peso de una investigación federal, alrededor del gobernador morenista Rubén Rocha Moya persisten cuestionamientos públicos sobre diversos acontecimientos que han marcado a Sinaloa. Si existen elementos jurídicos para investigarlos, la obligación del Estado es actuar con el mismo rigor, sin cálculos políticos y sin distinguir entre aliados y adversarios. No hacerlo alimenta la sospecha de que la ley no pesa lo mismo para todos.

La justicia selectiva es una de las formas más sofisticadas de corrupción institucional. No necesita fabricar delitos ni alterar expedientes; basta con decidir quién merece una investigación exhaustiva y quién recibe tiempo, prudencia o silencio. La ley permanece intacta en los códigos; la desigualdad aparece cuando llega el momento de aplicarla.

Zacatecas tampoco puede escapar a esa reflexión. Nuestra entidad registra 461 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por servidores públicos. El número, por sí mismo, no demuestra que seamos más o menos corruptos que otros estados. Lo que realmente importa sigue siendo una incógnita: ¿cuántos expedientes terminaron en una sentencia?, ¿cuántos involucraron a funcionarios de alto nivel?, ¿cuántos recursos públicos fueron recuperados?, ¿cuántos responsables enfrentaron consecuencias reales? Si esas respuestas no existen o permanecen ocultas, las carpetas son apenas estadísticas y la corrupción continúa siendo un problema pendiente.

Bauman advirtió que la política había aprendido a vivir de la imagen. Quizá nunca imaginó que también aprendería a convertir el combate a la corrupción en parte del espectáculo. Mientras celebremos conferencias de prensa en lugar de sentencias, mientras aplaudamos detenciones antes que investigaciones imparciales y mientras la ley parezca avanzar con distinta velocidad según el partido político del investigado, seguiremos confundiendo justicia con escenografía. La corrupción no se derrota cuando cambia el protagonista del espectáculo; se derrota cuando ningún gobernante, panista, morenista o de cualquier otro partido, puede confiar en que el poder será suficiente para colocarlo por encima de la ley.