Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez

“Votar es la única manera de hacer un cambio en una democracia.” Christine Todd Whitman

Imagina esto: Millones de personas salen a votar convencidas de que su decisión cuenta, depositan la boleta pensando que eligieron un Congreso plural; creen que su sufragio, sumado a otros, dibujará un mapa de contrapesos. Y meses después descubren que, por reglas mal diseñadas, cláusulas ambiguas y coaliciones construidas para doblar la aritmética, ese voto terminó inflando una mayoría que jamás existió en términos reales.

Eso no es técnica electoral. Eso es ingeniería política.

La sobrerrepresentación no es un accidente meteorológico; es el resultado de fórmulas que, bajo el discurso de gobernabilidad, permiten convertir un porcentaje relativo en poder casi absoluto. El problema no es que alguien gane. El problema es cuando el diseño institucional permite que ganar 45 se traduzca en controlar 60 o más. En términos constitucionales, eso no es eficacia. Es distorsión de la voluntad popular.

Luego aparece la consigna seductora. Hay que quitar dinero a los partidos, suena virtuoso, moral, hasta austero; pero el financiamiento público no nació por capricho, nació para evitar que el dinero privado comprara la política. Si recortas sin rediseñar los controles, lo único que logras es desplazar la influencia hacia donde no hay fiscalización efectiva. El dinero no desaparece, se vuelve opaco.

Y cuando el financiamiento depende de quién tiene padrinos más generosos, la competencia deja de ser democrática y se convierte en una subasta silenciosa. El ciudadano vota; el patrocinador decide.

Las democracias contemporáneas no colapsan con golpes de Estado, se transforman gradualmente. Una reforma aquí que reduce representación proporcional; otra allá que debilita al árbitro electoral bajo el argumento de austeridad; una más que flexibiliza reglas de coalición para que la fórmula siempre favorezca al que gobierna, todo parece legal. Todo pasa por el Congreso, y, sin embargo, el efecto acumulado es claro.

Mayorías relativas convertidas en hegemonías constitucionales.

El riesgo no es la reforma en sí, el derecho está hecho para reformarse. El riesgo es la intención que la guía; si el rediseño electoral busca corregir distorsiones reales, fortalecer la pluralidad y asegurar que cada voto pese lo mismo, estaremos frente a una evolución democrática. Si busca consolidar poder y blindarlo de la alternancia, estaremos frente a otra cosa.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria. ¿Queremos reglas que traduzcan fielmente la voluntad ciudadana o reglas que la administren para producir mayorías convenientes?

El voto no es un trámite. Es la fuente primaria de legitimidad constitucional. Cuando la fórmula lo deforma, el problema no es técnico; es político. Y cuando el poder diseña las reglas para perpetuarse bajo apariencia de legalidad, la discusión ya no es sobre números, sino sobre la calidad de nuestra democracia.

Si normalizamos la distorsión, mañana no discutiremos porcentajes. Discutiremos si aún vivimos en un régimen representativo o en una maquinaria electoral que solo simula serlo.

El debate apenas empieza. Y no debería resolverse con consignas fáciles, sino con memoria histórica, técnica jurídica y una pregunta frontal al poder. ¿Están dispuestos a competir en condiciones auténticamente equitativas o necesitan que la fórmula haga el trabajo por ustedes?

La respuesta, como siempre, no se dirá en el discurso. Se verá en el diseño de la próxima reforma.