"Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes". Artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución mexicana.

En México descubrimos una manera bastante peculiar de administrar justicia; cuando falta personal, alguien trabaja el doble; cuando no hay recursos, el trabajador pone los suyos; cuando el salario pierde valor, le recomiendan paciencia y, si reclama, aparece el discurso del compromiso institucional. Así hemos llegado a un Poder Judicial de la Federación donde se exige productividad mientras las condiciones para conseguirla se deterioran. La reforma judicial prometió cambiar muchas cosas, algunas las cambió de golpe, otras siguen exactamente igual, particularmente esa vieja costumbre de considerar que el servidor público debe agradecer su empleo y guardar silencio cuando sus derechos incomodan al patrón.

Pero octubre está demostrando que la paciencia también tiene límites. Michoacán, Oaxaca, Nayarit y Veracruz han sido escenario de protestas laborales, con reclamos por salarios, jornadas excesivas, falta de personal y condiciones que dificultan cumplir con el trabajo. Los compañeros de Michoacán presentaron un pliego petitorio donde solicitan, entre otras cosas, un incremento salarial del 13 por ciento, el pago de horas extraordinarias, respeto a la estabilidad laboral y atención a las quejas por acoso. Al parecer, pedir que se pague el trabajo y se respeten las condiciones laborales comienza a ser una exigencia demasiado ambiciosa para una institución encargada de hacer cumplir las leyes. Lo verdaderamente preocupante sería acostumbrarnos a considerar normales estas carencias.

Y mientras los trabajadores reclaman, el Órgano de Administración Judicial enfrenta restricciones presupuestarias que han servido para explicar la falta de incrementos salariales. Curiosa manera de entender la austeridad, porque el expediente sigue llegando, las audiencias deben celebrarse y los términos judiciales no esperan a que Hacienda encuentre dinero. En Zacatecas conocemos bien esa realidad; cada ausencia sin suplencia representa trabajo adicional para los compañeros, cada plaza insuficiente significa expedientes acumulados y cada actuario que utiliza su automóvil para practicar notificaciones termina financiando parcialmente una obligación del Estado. Todavía hay quien confunde esa disposición con una prueba de vocación; sería interesante conocer cuántos funcionarios encargados de administrar los recursos aceptarían desempeñar sus responsabilidades pagando de su bolsillo los instrumentos necesarios.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal puso sobre la mesa una discusión que debería inquietar a quienes dirigen la institución, la posibilidad de ejercer el derecho de huelga y de suspender labores como medida de protesta. El estudio recuerda algo que parece haberse perdido entre las reformas, los organigramas y los nuevos nombramientos; los trabajadores judiciales también están protegidos por la Constitución. La huelga tiene requisitos legales y ejercerla exige organización y responsabilidad, pero reconocer su existencia cambia la conversación. Durante demasiado tiempo se ha esperado que el personal aguante cualquier carga de trabajo, cualquier retraso y cualquier decisión administrativa porque supuestamente defender la justicia exige sacrificios. Qué extraordinaria coincidencia que esos sacrificios casi siempre correspondan a quienes menos intervienen en las decisiones presupuestarias.

Desde Zacatecas hemos planteado propuestas para fortalecer la justicia federal, estudiar la creación de nuevos tribunales y juzgados, cubrir las ausencias por incapacidad y maternidad, preservar la experiencia de quienes integran la Defensoría Pública y defender la independencia judicial. La situación de la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio también nos obliga a reflexionar sobre la libertad de quienes imparten justicia y las consecuencias de los procedimientos disciplinarios. Todo esto afecta a la ciudadanía, aunque durante años nos hayan hecho creer que hablar de las condiciones internas del Poder Judicial es defender intereses de unos cuantos. Cuando un trabajador está agotado, cuando faltan manos para atender expedientes o cuando un juzgador siente temor ante las consecuencias de sus decisiones, quien termina pagando también es la persona que necesita una sentencia, una pensión, un medicamento o la protección del amparo.

El gobierno prometió una justicia diferente y ahora tiene la oportunidad de demostrar cuánto significan sus palabras. El Órgano de Administración Judicial debe escuchar a los trabajadores, resolver las deficiencias que están a su alcance y explicar con claridad sus necesidades presupuestarias; el Congreso también debe asumir que transformar una institución cuesta dinero y que disminuir su capacidad de trabajo puede salir bastante más caro. Los sindicatos, por su parte, tendrán que decidir si están dispuestos a representar verdaderamente a sus compañeros o si prefieren administrar la inconformidad sin incomodar demasiado a nadie. Porque el Poder Judicial podrá cambiar de ministros, jueces, magistrados, administradores y hasta de discursos políticos; mientras siga dependiendo del desgaste de sus trabajadores para sostenerse, la transformación tendrá una deuda pendiente. Y sería una vergüenza histórica que, después de prometer acercar la justicia al pueblo, quienes trabajan para impartirla tuvieran que recurrir a una huelga para recordarles a sus autoridades que la Constitución también se aplica puertas adentro.